Servel rechazó $740 millones en gastos de campaña de Macarena Santelices, exvocera de Kast
El Servicio Electoral (Servel) rechazó por completo la rendición de ingresos y gastos presentada por Macarena Santelices, excandidata a gobernadora metropolitana por el Partido Republicano.
La exvocera de José Antonio Kast había solicitado un reembolso de $740 millones, para cubrir diversos costos de su campaña, pero el organismo cuestionó severamente los antecedentes entregados.
Según reveló Ciper, Santelices recurrió al mecanismo de financiamiento público por voto obtenido para pagar $211 millones correspondientes a un crédito con Banco Estado, y otros $527 millones destinados a servicios pendientes.
Sin embargo, Servel detectó “inconsistencias y omisiones graves”, motivo por el cual negó los reembolsos solicitados, según recoge BioBioChile.
Uno de los principales reparos se relaciona con dos facturas emitidas por la empresa The 975 SpA, que suman $178 millones.
Esta sociedad pertenece a Felipe Costabal, quien además mantiene una firma junto a Leonardo Prieto, esposo de la excandidata.
En particular, Servel cuestionó una factura por $160 millones, ya que fue anulada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que impidió validar ese gasto como financiable con recursos públicos.
En paralelo, surgieron reparos con el trabajo del estudio jurídico Abogados Montalva Limitada, que facturó $52 millones a la campaña.
La sociedad pertenece a Carlos Montalva, administrador electoral de Santelices, quien además había declarado haber donado su trabajo avaluado en $900 mil.
No obstante, contrató a su propio estudio recién constituido junto a su hermano para realizar funciones similares, lo que infringe la normativa electoral. Esto, porque solo personas naturales pueden desempeñar el rol de administrador de campaña, y sus funciones son indelegables.
Frente al rechazo de Servel, Montalva recurrió al Tribunal Calificador de Elecciones para revertir la decisión.
En su defensa, argumentó que al momento de rendir los gastos, la factura anulada aún estaba vigente. Además, sostuvo que el estudio jurídico cobró por tareas distintas a las que él realizó, y justificó la contratación señalando que, debido al volumen de trabajo, estaba facultado para derivar responsabilidades.
