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Impacta red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua que operó en Santiago durante cerca de dos años, utilizando departamentos en el centro de la ciudad. Ocho miembros condenados por trata de personas, trasladaban mujeres desde Venezuela con engaños y deudas de hasta $5 millones. Ganancias de $1.700 millones obtenidas en 16 meses, sometiendo a las víctimas y amenazando tanto a ellas como a sus familiares. Identifican a Lewin Ponce Ortiz como líder de la red, con José Rodríguez Milano y Luis Osal Rodríguez coordinando la explotación, incluso desde prisión. Rescatan a adolescente venezolana de 17 años durante la Operación Turquesa, evidencias como intervenciones telefónicas confirmaron los delitos. Sentencia final se espera en las próximas semanas.
Impacto causó la historia de una red de explotación sexual vinculada al Tren de Aragua que llegó a operar durante cerca de dos años en pleno centro de Santiago, región Metropolitana.
Sumado a esto, se conoció que la organización utilizaba departamentos ubicados en torno al Portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas.
¿Qué se sabe del caso?
El caso culminó con la condena de ocho integrantes de la organización, quienes fueron declarados culpables por trata de personas con fines de explotación sexual.
Tras un juicio, que se prolongó por 49 jornadas, el tribunal consideró acreditado que la banda captaba a mujeres en Venezuela y las trasladaba a Chile mediante engaños, consignó T13.
Debido a esto, la sentencia definitiva se conocerá durante las próximas semanas.
Según la Fiscalía, los involucrados arriesgan condenas que podrían alcanzar el presidio perpetuo.
Cabe señalar que la investigación estableció que varias víctimas aceptaron viajar al país luego de recibir supuestas propuestas de trabajo en locales nocturnos.
No obstante, una vez en territorio chileno, los responsables de la red les informaban que habían adquirido una deuda de entre $3 millones y $5 millones.
Posteriormente, a ese monto se añadía un cobro semanal que fluctuaba entre $60 mil y $80 mil.
Bajo esa lógica, la agrupación mantenía a las mujeres sometidas y las obligaba a entregar importantes sumas de dinero.
La Fiscalía calculó que, en un lapso de apenas 16 meses, la estructura criminal obtuvo entre 2021 y 2023 ganancias superiores a los $1.700 millones.
Las afectadas, además, se encontraban lejos de sus familiares, sin documentación y sin redes de apoyo en Chile.
¿Quién era el líder de la red de explotación sexual del Tren de Aragua que operaba en Santiago?
En ese contexto, los integrantes de la banda recurrían a intimidaciones dirigidas tanto contra ellas como contra sus seres queridos.
Junto a lo anterior, el veredicto describió el nivel de sometimiento al que estaban expuestas.
“Las jóvenes se encontraban bajo tal nivel de amenazas hacia ellas o sus familias, que preferían continuar bajo el alero de sus tratantes o huir sin que ellos fueran sancionados“, indicaron en dicha instancia.
Entre los condenados figura Lewin Ponce Ortiz, ciudadano venezolano de 29 años, a quien la indagatoria identificó como el principal líder de la célula.
Además, la fiscal Carolina Suazo explicó durante el juicio que el sujeto administraba el funcionamiento del grupo, mantenía el dominio sobre las víctimas y decidía quiénes debían vigilarlas en los distintos inmuebles utilizados por la banda.
La Fiscalía también atribuyó labores de coordinación, captación y explotación a José Rodríguez Milano, conocido como “José Victoria”, y a Luis Osal Rodríguez.
Este último habría continuado ejerciendo poder sobre algunas mujeres incluso después de ingresar en prisión preventiva en Santiago Uno.
De acuerdo con el fallo, el detenido “ejercía control desde el recinto penitenciario en que se encontraba recluido, y amenazaba a sus ‘multadas’ mediante videollamadas“.
Una compleja historia
Asimismo, se reveló que, entre 2021 y 2023, los integrantes de la banda distribuyeron funciones para controlar a las afectadas, vigilar los departamentos y administrar el dinero generado mediante la explotación.
Uno de los antecedentes más delicados del caso involucró a una adolescente venezolana de 17 años.
Afortunadamente, funcionarios de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI la rescataron durante la denominada Operación Turquesa.
“Fue necesario coordinar medidas de protección especiales, como la relocalización en un tercer país, dado que existía riesgo para el retorno asistido a su país de origen, como para su permanencia en Chile“, puntualizó el Ministerio Público.
Aunque ninguna de las víctimas entregó su testimonio presencialmente durante el juicio, los magistrados determinaron que existían antecedentes suficientes para comprobar los delitos.
Entre las evidencias consideradas aparecieron intervenciones telefónicas, seguimientos efectuados por la policía, peritajes y otros registros recopilados a lo largo de las indagaciones.