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José Antonio Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, con cinco ejes prioritarios: financiamiento, crecimiento económico, empleo formal, mejoras salariales y protección social. Destacó la inversión de 400 mil millones en Ñuble, Biobío y Valparaíso, además de incentivos fiscales para donaciones y repatriación de capitales. También se impulsará la construcción con medidas como la eliminación del IVA en viviendas nuevas y se promoverá el empleo formal a través de un crédito tributario. El plan contempla cambios tributarios, agilización regulatoria y medidas de apoyo a adultos mayores y educación superior.
Cinco ejes a trabajar tendrá el Plan de Reconstrucción de José Antonio Kast, el cual el mandatario presentará en los próximos días ante el Congreso y del cual dio ciertas directrices este miércoles en su primera cadena nacional.
De acuerdo al documento, este proyecto tiene varias aristas como”financiar la reconstrucción, fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo formal y de calidad, generar mejores sueldos y proteger la seguridad social, construido sobre la base de 5 pilares fundamentales”.
El primer enfoque será la reconstrucción en las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, las que recibirán 400 mil millones de pesos. “Para financiarlo, reduciremos transitoriamente en un 50% el impuesto a las donaciones, incentivaremos el retorno de capitales a Chile mediante un nuevo sistema de repatriación con tasas atractivas, y facilitaremos el pago de deudas tributarias”, detalla el Ejecutivo.
En segundo lugar, se hará una reactivación de la construcción. Para ello, el proyecto de Kast afirma que el gobierno eliminará “por 12 meses el IVA en la venta de viviendas nuevas, acelerando la colocación de más de 100 mil unidades”. A su vez, se extenderá “el beneficio del DFL2 y modernizamos la normativa urbana”.
Plan de Reconstrucción Nacional propone arista de empleo formal
Asimismo, el tercer punto que se levantó es que se creará un crédito tributario del 15% de la remuneración bruta de cada trabajador contratado con seguridad social al día, lo que se traduce en una inyección de USD 1.400 millones anuales para pequeñas, medianas y grandes empresas.
En cuarto lugar se proponen cambios tributarios, como disminuir de manera gradual el impuesto corporativo de 27% a 23%, acercándose al promedio OCDE.
Mediante la reintegración, el sistema eliminará dicha discriminación entre trabajadores y emprendedores. Además, desde el Ejecutivo afirman que se dará certeza a la inversión mediante una norma que asegure que aquellas inversiones relevantes y en sectores estratégicos (minería, tecnología, energía, entre otras) no se vean impactadas por los cambios tributarios que se produzcan con el tiempo.
El quinto pilar es la agilización regulatoria, donde se plantea reducir plazos en evaluaciones ambientales, junto con asegurar una compensación estatal si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada es revocada judicialmente.
Con ello, la propuesta busca que “invertir en Chile será más seguro, sin dejar de cuidar al medio ambiente generando desarrollo sustentable”.
Eliminación a contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años
Además, en el plan se asegura que se eximirá de contribuciones a “los propietarios mayores de 65 años respecto de su vivienda principal, esto es, el inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente”.
“El propietario del inmueble podrá invocar esta exención solo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal)”, precisan en el Plan de Reconstrucción.
Se frena el ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad
El argumento para este punto es el aumento del gasto del beneficio para acceder a estudios superiores, por lo que el proyecto propone suspender por 4 años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, regulado en la Ley N°21.091.
“Actualmente, de las 47 universidades que participan en el proceso de admisión de 2026, ya son 38 adscritas a la gratuidad. La brecha acumulada entre lo que se proyectó en los informes financieros y lo que realmente se ha debido ejecutar en esta materia ha crecido de forma descontrolada, pasando de apenas 0,1 billones en 2017 a un déficit acumulado proyectado de 3,4 billones de pesos para este 2026”, sostiene el documento.