¿Qué es la Ley Mordaza 2.0? Polémico proyecto busca penas de cárcel para periodistas y sus fuentes
Este martes 4 de agosto, el Senado discutirá un polémico proyecto conocido como “Ley Mordaza 2.0”, iniciativa que generó rechazo entre organizaciones de prensa y expertos en derecho.
El proyecto busca castigar a quienes difundan información sobre causas judiciales que todavía se encuentran en etapa de investigación.
Las sanciones contemplan multas de hasta 500 UTM y penas que alcanzan los cinco años de cárcel.
¿A quiénes puede afectar la Ley Mordaza 2.0?
Aunque las críticas se centraron principalmente en los periodistas y sus fuentes, el texto utiliza la frase “el que difunda”, según información recopilada por ADN.
Según los especialistas, esto significa que la norma no solo afecta a trabajadores de la prensa, sino también a cualquier persona que comparta información sobre una causa judicial en investigación.
El proyecto ingresó al Congreso en abril de 2025 y fue presentado por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).
¿Por qué la llaman “Ley Mordaza”?
La Asociación Nacional de la Prensa, ANATEL, el Colegio de Periodistas y expertos constitucionalistas rechazaron la iniciativa.
Sus críticos señalaron que las amenazas de cárcel y multas generan autocensura. En palabras simples, periodistas, fuentes y ciudadanos dejan de entregar o compartir información por miedo a recibir una sanción.
También cuestionaron que el concepto “el que difunda” resulta demasiado amplio y no define con claridad quién comete el delito.
Los expertos afirmaron que el proyecto vulnera la libertad de informar, protegida por la Constitución, y establece una forma de censura indirecta.
¿Cómo afecta a la ciudadanía?
Los detractores advirtieron que la iniciativa dificulta que las personas conozcan información sobre investigaciones relacionadas con corrupción, crimen organizado o trata de personas.
Esto debilita el control ciudadano sobre las autoridades y reduce la transparencia en casos de interés público.
La abogada constitucionalista Marisol Peña también afirmó que el proyecto entra en conflicto con tratados internacionales suscritos por Chile, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información.
Por estas razones, organizaciones de prensa y especialistas calificaron la iniciativa como un retroceso para la libertad de expresión y el periodismo de investigación.
