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El plan migratorio del gobierno de José Antonio Kast enfrenta un obstáculo significativo, ya que la PDI reconoce la imposibilidad de deportar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos en situación irregular. Esta situación genera incertidumbre sobre la viabilidad de una promesa de campaña importante. La comisión de Gobierno del Senado abordó este tema en un momento clave para el proyecto que busca criminalizar el ingreso clandestino al país, el cual avanza rápidamente y será votado en la sala próximamente. La falta de relaciones consulares, la dificultad para identificar a los migrantes y la negativa de Venezuela a aceptar deportados son algunos de los principales desafíos para ejecutar las expulsiones. Los altos costos y la complejidad operativa de cada procedimiento también plantean interrogantes sobre la factibilidad de llevar a cabo una política masiva de deportaciones.
Un nuevo obstáculo golpea el plan migratorio del gobierno del presidente José Antonio Kast.
En medio de los esfuerzos del Ejecutivo por acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, la PDI reconoció ante el Senado que hoy resulta “imposible” concretar la deportación de cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos.
Lo anterior instaló dudas sobre la viabilidad de una de las principales promesas de campaña.
La situación se abordó en la comisión de Gobierno del Senado, en un momento clave para el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país.
La iniciativa, presentada en 2022, avanza con rapidez y será votada en general en la sala, en medio de la presión por mostrar resultados concretos en materia migratoria.
6 mil venezolanos con expulsión pendiente
En ese contexto, el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, expuso la principal traba que enfrenta la institución para ejecutar las expulsiones.
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, afirmó el funcionario, según BioBioChile, quien además detalló que las expulsiones hacia Caracas permanecen congeladas desde junio de 2025.
Según precisó, actualmente existen cerca de 6 mil órdenes de deportación pendientes hacia Venezuela, cifra que no pasa desapercibida considerando que una parte importante de las expulsiones en Chile corresponde a ciudadanos de esa nacionalidad.
El problema no solo responde a factores diplomáticos, sino que también influyen los altos costos y la complejidad operativa de cada procedimiento.
De hecho, el propio gobierno ya evidenció esta dificultad tras concretar su primer vuelo de expulsión con 40 personas —colombianos, bolivianos y ecuatorianos— sin incluir venezolanos.
A esto se suma que en el país se estiman cerca de 300 mil migrantes en situación irregular, mientras que cada expulsión puede costar alrededor de $3 millones, lo que abre cuestionamientos sobre la factibilidad de implementar una política masiva en esta materia.