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Operación Imperio Ámsterdam: cómo operaba red que vendía cannabis y proyectaba millonarias ganancias

Operación Imperio Ámsterdam: revelan estructura de red que vendía cannabis y proyectaba millonarias ganancias
Agencia UNO

Nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el funcionamiento de la organización investigada en la denominada “Operación Imperio Ámsterdam”, causa que indaga una presunta red dedicada al tráfico de marihuana bajo una fachada medicinal y en la que también aparece vinculado el exchico reality Camilo Huerta.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Aysén junto al OS7 de Carabineros, comenzó en 2024 y apunta a posibles delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas, desvío de cultivo, cultivo de cannabis y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la estructura tenía como sociedad matriz a DN Medcorp SpA, encabezada por Andrés Astorga Rodríguez, quien controla el 51% de las acciones.

Una de las escuchas incorporadas a la investigación daría cuenta de las expectativas económicas que existían en torno al negocio. En dicha conversación, Astorga reveló que pretendía alcanzar US$20 millones anuales en un plazo de dos años.

Según consignó La Tercera, los investigadores establecieron que la causa se levantó “en contra de una organización criminal estable, permanente y funcionalmente estructurada”, cuyo funcionamiento se desarrollaba “mediante una división de funciones claramente diferenciada entre tres grupos”.

“Operación Imperio Ámsterdam”: los tres niveles de la organización investigada

El primer nivel correspondía a la dirección de la organización, mientras que el segundo estaba compuesto por quienes se ocupaban de la producción y el abastecimiento. Finalmente, un tercer grupo tenía como misión la comercialización y distribución de la droga.

Aunque parte de la atención pública se concentró en Camilo Huerta debido a su exposición televisiva, el caso tiene una dimensión considerable: el Ministerio Público formalizó a 44 imputados en el marco de la investigación.

El núcleo de la operación, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, estaba relacionado con el tráfico ilícito de marihuana, pese a que la organización se presentaba ante sus usuarios como una entidad vinculada al uso medicinal del cannabis.

“La organización se proyecta hacia el exterior mediante una fachada jurídica y terapéutica, presentándose como una corporación sin fines de lucro destinada a facilitar el acceso medicinal del cannabis”, describió el Ministerio Público.

Para acceder al sistema, los usuarios debían inscribirse como socios, contar con una receta médica, pagar una cuota de incorporación de $10.000 y presentar un certificado de antecedentes sin anotaciones penales relacionadas con la Ley 20.000.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esa estructura servía para “encubrir una actividad real de producción, abastecimiento y venta masiva de cannabis con THC”.

“Por el contrario, opera como un instrumento de cobertura para un sistema abierto de captación de usuarios, distribución nacional de cannabis y explotación económica, donde la referencia al uso terapéutico, a las recetas médicas y al derecho de asociación cumple una función meramente instrumental para aparentar licitud”, explicaron desde el órgano persecutor.

Fiscalía apunta a una lógica empresarial

Otro punto relevante de la indagatoria está relacionado con los permisos para el cultivo. Según el Ministerio Público, la organización contaba con una autorización del SAG para cultivar marihuana con CBD, pero la producción contenía THC, componente responsable de los efectos psicoactivos del cannabis.

A ello se agregó el posterior desvío de “esa producción de cannabis con THC hacia la red de Dispensario Nacional, lugar donde finalmente es adquirida por los consumidores”.

Para la Fiscalía, la estructura funcionaba bajo una lógica empresarial, con preocupación por el crecimiento del negocio, el abastecimiento, la expansión a distintas zonas del país y la generación de utilidades.

Las escuchas telefónicas incorporadas a la investigación también llevaron al Ministerio Público a concluir que quienes lideraban la organización conocían el objetivo lucrativo de la operación, la utilización de una fachada terapéutica y las acciones ilícitas que, según la indagatoria, se desarrollaban detrás del sistema.