La Corte de Apelaciones de Santiago aceptó este martes el recurso de amparo que presentó el abogado de Joaquín Lavín León, exdiputado formalizado la semana pasada por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Cabe recordar que esta causa se enmarca en la indagatoria por eventuales irregularidades en la Municipalidad de Maipú, donde también figura como imputada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.
La medida cautelar de prisión preventiva, que actualmente cumple en el anexo penitenciario Capitán Yáber, es el centro del recurso.
Los argumentos para pedir otra medida cautelar
El abogado defensor de Lavín, Cristián Bonacic, argumentó que la resolución del juez Daniel Urrutia era “arbitraria e ilegal”, solicitando la revisión de la medida cautelar.
Según la defensa, el juez no consideró los atenuantes y la situación del exparlamentario, quien no había sido desaforado al momento de la formalización.
Un punto clave en la apelación es que el juez Urrutia “transcribe literalmente pasajes de la minuta de formalización” proporcionada por el Ministerio Público.
La defensa también denuncia que la imputación de una “supuesta red de corrupción” no corresponde a los hechos descritos, sugiriendo que el fallo del juez recibió influencias de opiniones ajenas a la realidad de los hechos.
¿De qué acusan a Joaquín Lavín JR.?
De acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado habría rendido a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones.
Estos documentos estarían asociados a la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva Morales, y a la empresa Modo 74 SpA, vinculada a Felipe Vázquez.
En ese contexto, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el Ministerio Público les atribuyó los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.