Dictan prisión preventiva contra Joaquín Lavín León y su exasesor por delitos de fraude al fisco
La mañana de este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.
Recordemos que la Fiscalía Oriente, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su rol como querellantes pidieron que el exdiputado Joaquín Lavín quede en prisión preventiva.
Cabe recordar que esta causa se enmarca en la indagatoria por eventuales irregularidades en la Municipalidad de Maipú, donde también figura como imputada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.
De acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado habría rendido a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones.
Estos documentos estarían asociados a la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva Morales, y a la empresa Modo 74 SpA, vinculada a Felipe Vázquez.
En ese contexto, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el Ministerio Público les atribuyó los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.
Joaquín Lavín León queda en prisión preventiva por delitos de corrupción
Este viernes, y tras una larga semana de audiencias donde se expusieron los argumentos por parte de las partes querellantes y la defensa, el tribunal liderado por el juez Daniel Urrutia resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra Lavín y su exasesor, Arnaldo Domínguez.
Además, en el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario.
“…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo(…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, resolvió el juez, apuntando a la existencia de una “red macrocriminal”.
En este escenario, también se fijó un plazo de investigación de 90 días de investigación.
Su arresto debería cumplirlo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto donde suelen ser enviados imputados por delitos económicos y de alta connotación pública.
Tras la resolución, la fiscal Constanza Encina se pronunció y dijo “estar conformes” dado que se acreditaron todos los cargos y delitos que presentaron.
“Teníamos la convicción de que la libertad de los imputados era peligrosa para la sociedad. Son una serie de delitos graves que se dan en un periodo muy extenso de tiempo, cerca de 12 años, por lo tanto la sistematización de estas conductas da cuenta de la gravedad de los hechos“, señaló.
Por su parte, el abogado defensor de Lavín, Cristóbal Bonacic, cuestionó la decisión del magistrado y criticó el acotado tiempo que tuvieron para rebatir los argumentos de la parte querellante.
“Paradojalmente, el fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante cinco días, entonces es un tema que no está cerrado y nos queda una serie de recursos que vamos a presentar“, lanzó.
Al ser consultado por el punto del juez que apuntaba a la existencia de una red de corrupción que hay que investigar, el abogado defensor se posicionó.
“No sé cuál sería la red de corrupción, es un diputado que desarrolló una aplicación para poder desarrollar contactos a nivel nacional para hacer encuentas sobre proyectos de ley. ¿Esa es la corrupción? Este es un asunto que estaba resulto desde antes, sin escuchar los antecedentes de descargo“, apuntó.
