VER RESUMEN
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, reveló que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para modificar el sistema de indemnización por años de servicio, proponiendo una fórmula “a todo evento” que permitiría a los trabajadores acceder a un fondo acumulado durante su relación laboral, independiente de la causal de término del contrato. La iniciativa busca ampliar el acceso al beneficio y reducir los costos para los empleadores. Se pretende enviar la propuesta al Congreso este año, con una cotización menor para los empleadores y fortalecimiento del seguro de cesantía. La nueva fórmula contemplaría una indemnización inferior pero para todos los contratos indefinidos, sin carácter retroactivo.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, adelantó algunos de los principales lineamientos del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo para modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio.
La iniciativa busca reemplazar el mecanismo vigente por una fórmula “a todo evento”, que permitiría a los trabajadores acceder a un fondo acumulado durante su relación laboral.
Lo anterior, independiente de la causal que ponga término al contrato.
En conversación con CNN Prime, el secretario de Estado confirmó que el Gobierno pretende enviar la propuesta al Congreso durante este año y reconoció que los plazos son acotados.
“La idea es presentarlo pronto, porque sabemos que los tiempos son muy acotados en los gobiernos de cuatro años. Tal vez en un mes o dos”, explicó la autoridad.
Ministro del Trabajo entregó detalles
Según detalló Rau, el Ejecutivo analiza un cambio debido a los costos que implica para las empresas el actual modelo de indemnización y a la baja proporción de trabajadores que finalmente accede a este beneficio.
“Es un sistema que financieramente es caro para una empresa”, sostuvo el ministro, quien además afirmó que el costo se encuentra por sobre el promedio de los países de la OCDE.
Actualmente, la legislación contempla principalmente el pago de indemnización cuando el empleador pone término al contrato por necesidades de la empresa, causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.
Rau explicó que esta situación ocurre “solo en el 20% de los casos”, aunque aclaró que “no todo ese 20% es elegible; se calcula que es un 14%”.
La regla general establece un pago equivalente a un sueldo por cada año trabajado, con un máximo de 11 años.
El sistema actual también contempla indemnizaciones en situaciones como el desahucio del empleador, el autodespido o cuando un tribunal determina que un despido resultó injustificado y ordena los pagos correspondientes, junto con los recargos legales.
En cambio, una renuncia voluntaria no genera este beneficio, al igual que un despido por alguna de las causales atribuibles a la conducta del trabajador contempladas en el artículo 160.
Tampoco corresponde, como regla general, cuando termina un contrato a plazo fijo, salvo que las partes hayan acordado previamente una indemnización.
El nuevo sistema de indemnización por años de servicio que prepara el Gobierno
Frente a este escenario, el Gobierno busca diseñar un mecanismo que amplíe el acceso al beneficio y, al mismo tiempo, reduzca el costo asociado para los empleadores.
Aunque el proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración, el ministro entregó detalles sobre una de las alternativas que estudia La Moneda.
“Lo que nosotros estamos evaluando es una cotización a cargo del empleador, que es menor, en torno al 1.8%, que va a ir a una cuenta –puede ser el seguro de cesantía, algo así– y que va a ir acumulando rentabilidad”, señaló Rau.
La propuesta también contempla fortalecer el seguro de cesantía mediante el ingreso de nuevos recursos.
“La idea es inyectar recursos al seguro de cesantía”, agregó el secretario de Estado.
De esta manera, el fondo podría acumular dinero durante la vigencia del contrato y generar rentabilidad con el paso del tiempo.
Rau precisó que el nuevo esquema contemplaría una indemnización inferior a la actual, pero con la diferencia de que alcanzaría a todos los contratos indefinidos.
“Va a estar en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento, para el 100% de los contratos indefinidos”, afirmó.
El ministro también aclaró que el eventual cambio no tendría carácter retroactivo, por lo que la nueva fórmula solo se aplicaría a los contratos que se pacten después de la entrada en vigencia de la eventual ley.
De todos modos, el Ejecutivo todavía debe definir el contenido definitivo del proyecto antes de presentarlo ante el Congreso.