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El Ministerio de Justicia suspendió la tramitación de decretos de rebaja de condena en medio de críticas por beneficios a condenados por delitos sexuales y violaciones a derechos humanos. Anuncian modificaciones legales con discusión inmediata, marcando un cambio en la postura del ministro Rabat, quien defendía las reducciones basado en jurisprudencia de la Corte Suprema. Tras polémica, el ministerio revisará el marco normativo por “vacío legal” en restricciones a condenados por delitos sexuales contra niños antes de 2022.
El Ministerio de Justicia anunció este viernes que suspenderá la tramitación de los decretos de rebaja de condena, informó BioBioChile.
Esto, en medio de las críticas por los beneficios que recibieron personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por violaciones a los derechos humanos.
La cartera también informó que impulsará modificaciones legales con discusión inmediata, una decisión que introduce un cambio en la postura que había defendido el ministro Fernando Rabat frente a la controversia.
Hasta ahora, el secretario de Estado sostenía que las autoridades debían conceder las reducciones cuando los solicitantes cumplían los requisitos establecidos y ninguna exclusión legal les impedía acceder al beneficio.
Para respaldar ese criterio, Rabat aludía a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que orientaba la aplicación de las normas vigentes.
Sin embargo, la polémica por las rebajas otorgadas a personas sentenciadas por delitos de especial gravedad llevó al ministerio a revisar el marco normativo y a anunciar medidas para abordar las dificultades que detectó durante ese análisis.
Gobierno aludió a “vacío legal” para dar marcha atrás
Según el comunicado que difundió la institución, la revisión de las normas permitió identificar un “vacío legal” en las restricciones que afectan a personas condenadas por delitos sexuales contra niños antes de 2022.
Según el comunicado, el Ejecutivo pretende impedir que los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a estas reducciones.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el ministro Rabat.
“Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.
La cartera no detalló cuánto durará la suspensión ni cómo se procederá frente a solicitudes que cuenten con órdenes judiciales.