VER RESUMEN
El Gobierno suspenderá la tramitación de todas las rebajas de condena por buena conducta mientras el Congreso debate derogar la ley que las permite, anunció el vocero Gonzalo Arenas. La decisión genera cuestionamientos porque el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó ese mismo día un decreto que redujo en diez meses la pena de un condenado por homicidio. La Moneda aún no aclara el orden de los hechos, en medio de críticas al manejo de la controversia y de una acusación constitucional en preparación contra Rabat.
El Gobierno anunció un nuevo giro en la polémica por las rebajas de condena y confirmó que suspenderá la tramitación de todos los decretos, independiente del delito que haya cometido cada beneficiado.
La información la entregó este lunes el vocero Gonzalo Arenas, quien aseguró que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tomó la decisión el jueves 5 de noviembre.
Según explicó, la medida contempla paralizar cualquier nueva solicitud mientras el Congreso discute un proyecto para derogar la Ley 19.856, que permite reducir penas a personas privadas de libertad por buena conducta.
Arenas precisó que “ya no se van a tramitar nuevas solicitudes de rebaja mientras no se avance en el proyecto que está en discusión en el Congreso”.
Sin embargo, este anuncio abrió nuevas interrogantes sobre el manejo de la controversia, pues hasta la noche del domingo el propio Ministerio de Justicia sostenía una postura diferente: afirmaba que la normativa obligaba a continuar entregando estos beneficios, excepto en casos de delitos sexuales contra menores.
Gobierno suspende rebajas de condena
El cambio de versión ocurre luego de que BioBioChile revelara un decreto que Rabat firmó precisamente el jueves 5 de noviembre y que redujo en diez meses la condena de Peter Andrés Rojas Gallardo.
El hombre cumple una pena de cinco años de cárcel por el homicidio de un adulto mayor de 83 años en Catemu, región de Valparaíso.
El documento también incluye la firma de Josefina Soto, quien asumió recientemente como subsecretaria de Justicia.
Este antecedente generó cuestionamientos, considerando que, de acuerdo con Arenas, el ministro ya había decidido paralizar todas las rebajas durante esa misma jornada. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha aclarado si Rabat firmó primero el decreto o si tomó la decisión de suspender los beneficios después de esa gestión.
La controversia también puso nuevamente bajo la lupa las explicaciones que entregó Justicia durante los últimos días.
El pasado 23 de octubre, en medio de las críticas por 56 decretos que favorecieron a condenados por delitos sexuales contra menores, la cartera anunció una primera suspensión.
No obstante, posteriormente aclaró que esa medida solo afectaba a personas condenadas por ese tipo de delitos graves. Para el resto de los casos, el ministerio defendió que correspondía continuar aplicando la Ley 19.856.
No obstante, según fuentes de La Moneda, Justicia comunicó la decisión de ampliar la suspensión a todos los delitos el viernes por la tarde, después del comité político.
La determinación habría surgido tras el respaldo de los participantes a derogar la normativa, “habida cuenta de la discusión pública que se ha generado”.
Pese a ello, la cartera no informó públicamente sobre este segundo cambio antes de que Arenas lo anunciara.
Durante su intervención de este lunes, el vocero comenzó recordando que el compromiso inicial del ministro contemplaba detener las rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores.
Luego agregó que Rabat había ampliado esa determinación ante el apoyo del Gobierno a eliminar completamente la legislación.
Así, La Moneda pasó de defender la aplicación de la norma por una supuesta obligación legal a respaldar una iniciativa que busca terminar con estos beneficios para todos los condenados.
El cambio ocurre en medio de una crisis política que también involucra al titular de Justicia, quien enfrenta cuestionamientos incluso desde sectores oficialistas y una acusación constitucional en preparación.
En ese escenario, el Ejecutivo busca dejar atrás la discusión sobre la entrega de beneficios específicos y avanzar hacia la eliminación total de las rebajas de condena por buena conducta.