Gobierno detectó más de $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada
Más de 1,4 billones de pesos en transferencias a fundaciones no cuentan con rendición acreditada. Ese fue uno de los principales resultados que dio a conocer el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno durante la presentación del tercer reporte del denominado Plan de Inspección Total al Estado.
El informe también confirmó la apertura de cuatro nuevas investigaciones en distintos organismos públicos y advirtió un aumento en el uso del mecanismo de trato directo para realizar compras, situación que será objeto de nuevas revisiones.
Respecto a las transferencias a fundaciones, el comité informó que durante la administración anterior se identificaron más de 5,4 billones de pesos que debían rendirse. Sin embargo, de ese total, más de 1,4 billones no acreditan dicha rendición.
Entre los organismos con mayor proporción de recursos pendientes figuran el Sence, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Agricultura.
El reporte también puso el foco en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026. Según detalló el Ejecutivo, en ese período se constituyeron 177 organizaciones que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición.
De ese monto, más de 6.500 millones de pesos, equivalente a cerca del 60%, aún no cuentan con rendición acreditada. Además, el Gobierno señaló que 79 de esas fundaciones no presentan ningún registro de rendición.
La subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia y presidenta del comité, Constanza Castillo, sostuvo que el Estado mantiene la responsabilidad sobre esos recursos hasta que exista un respaldo adecuado de su utilización.
“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, afirmó, según recogió BioBioChile.
No obstante, la autoridad precisó que los antecedentes no permiten concluir automáticamente la existencia de delitos.
“No afirmamos que en todos los casos exista fraude o delitos, pero sí afirmamos que hay señales de riesgo que el Estado no puede normalizar, y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos”, explicó.
Auditoría del Gobierno indagará en rediciones entre 2022 y 2026
Asimismo, confirmó que las futuras indagatorias pondrán especial atención en las fundaciones creadas entre 2022 y 2026, especialmente aquellas que registran un 0% de rendición. En ese contexto, reconoció que algunas de las organizaciones revisadas mantienen relación con el denominado caso Convenios.
Paralelamente, el comité resolvió iniciar investigaciones específicas en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud.
En el Ministerio del Deporte, la revisión se concentrará en el Instituto Nacional de Deportes y la administración de recursos públicos. En Energía, las pesquisas apuntarán a la Agencia de Sostenibilidad Energética y abarcarán transferencias, contrataciones, rendiciones y ejecución de programas.
Por su parte, Agricultura enfrentará una revisión de las transferencias a organismos ejecutores, mientras que en Salud se investigarán compras y contrataciones realizadas tanto por las subsecretarías como por servicios dependientes y entidades ejecutoras.
Otro de los puntos que encendió las alertas corresponde al incremento del trato directo en diversos organismos públicos. El comité detectó servicios donde más de la mitad de las compras se concretaron sin licitación pública, destacando el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Además, el informe evidenció un aumento en las causales utilizadas para justificar este mecanismo, particularmente las asociadas a “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”. Sobre esta última, el Ejecutivo indicó que su utilización supera en un 17% los niveles registrados durante la pandemia de Covid-19, por lo que anunció una revisión de esos antecedentes.
Finalmente, el comité informó avances en investigaciones iniciadas previamente, entre ellas los antecedentes enviados al Ministerio Público por pagos superiores a $14 mil millones en raciones alimenticias no entregadas en Junaeb, además de auditorías y revisiones que continúan en los ministerios de Transportes, Ciencia y de la Mujer.
