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El Ejecutivo introdujo una indicación a un proyecto para mejorar el sistema de expulsiones administrativas en Chile, con el fin de fortalecer la identificación de extranjeros en situación irregular. La propuesta, presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, busca que entidades públicas y privadas entreguen información al Servicio Nacional de Migraciones cuando sea solicitada en procesos en curso. Esta medida afectaría a organismos como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, colegios y jardines infantiles, quienes podrían verse obligados a proporcionar datos de extranjeros investigados por su estatus migratorio. La indicación requiere que cualquier entidad del Estado, organismo previsional o de salud, o establecimiento educativo, entregue detalles solicitados por la autoridad migratoria, incluyendo domicilio, teléfono y correo electrónico. El objetivo es facilitar la detección de migrantes irregulares en diversos servicios y avanzar en su posible expulsión administrativa.
El Ejecutivo ingresó una indicación al proyecto que busca perfeccionar el sistema de expulsiones administrativas, con el objetivo de reforzar la identificación de extranjeros que se encuentren en situación irregular en Chile.
De acuerdo a La Segunda, la propuesta fue expuesta por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión de la iniciativa en la comisión de Gobierno del Senado.
La medida apunta a que distintos organismos públicos y privados entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones, cuando la autoridad los requiera en el marco de procedimientos en curso.
Bajo esa lógica, instituciones como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles podrían verse obligadas a informar datos de personas extranjeras.
La indicación establece que todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria, consignó BioBioChile.
Entre los antecedentes que podrían solicitarse figuran datos personales como domicilio, número de teléfono, correo electrónico y otros registros que permitan ubicar o identificar a la persona.
En ese contexto, la propuesta del Gobierno busca aprovechar las instancias en que migrantes irregulares acuden a distintos servicios, ya sea para realizar trámites, acceder a prestaciones de salud, educación, previsión o beneficios sociales.
La idea es facilitar la fiscalización y avanzar en eventuales expulsiones administrativas de extranjeros que permanezcan ilegalmente en el país.