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La Fiscalía Oriente incorporó una arista sobre posibles delitos electorales en la indagatoria penal contra el exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva por fraude al Fisco. La investigación se focaliza en eventuales irregularidades en rendiciones de campaña y uso indebido de información electoral. La audiencia de formalización programada para el 8 de julio incluirá a otros imputados como Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco, relacionados con contrataciones irregulares con fondos del Congreso. Se cuestiona la veracidad de operaciones declaradas en la campaña parlamentaria de 2021 y la labor real de los contratados. Además, se investiga el uso de bases de datos electorales para fines políticos.
La indagatoria penal que afecta al exdiputado Joaquín Lavín León sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía Oriente incorporara una arista vinculada a posibles delitos electorales.
La decisión se adopta a poco más de un mes de que el exparlamentario quedara en prisión preventiva por la causa de fraude al Fisco asociada a recursos del Congreso.
¿Qué se sabe sobre la formalización de Joaquín Lavín León?
En ese contexto, la investigación se abre tras una denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel), que advierte eventuales irregularidades en rendiciones de campaña y el posible uso indebido de información en procesos recientes.
Debido a esto, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 8 de julio la audiencia donde el Ministerio Público formalizará la investigación en contra de Lavín León, además de otros imputados: el exasesor Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco, vinculada a la red de colaboradores del entorno del parlamentario.
El tribunal también autorizó que la formalización se realice en ausencia del empresario Felipe Andrés Vázquez Diéguez, creador de la plataforma SocialTazk, quien reside en España y no ha regresado al país.
De acuerdo con antecedentes recopilados por Mega Investiga, la nueva línea investigativa surge luego de que el Servel remitiera antecedentes que podrían constituir infracciones a la normativa.
El foco está puesto en la campaña parlamentaria de 2021, donde se habrían declarado servicios asociados a la empresa Modo 74 SpA por un monto cercano a los $12 millones.
No obstante, diligencias financieras posteriores no habrían logrado acreditar movimientos bancarios coherentes con los pagos informados, lo que abrió dudas sobre la veracidad de las operaciones declaradas.
Sumado a esto, la audiencia también formalizará antecedentes sobre presuntas contrataciones irregulares con fondos del Congreso.
Uno de los casos corresponde a Shigue Kazu Ogino Vargas, a quien el equipo del exdiputado habría contratado como apoyo parlamentario en 2021. Según la investigación, no habría ejercido funciones legislativas reales, sino actividades vinculadas al entorno político del entonces diputado.
Durante ese periodo, el Congreso habría desembolsado más de $2,5 millones en remuneraciones.
Polémica por funcionarios “fantasmas”
Otro de los focos apunta a Belén Esperanza Carrasco, quien habría sido incorporada como asesora parlamentaria sin desempeñar funciones efectivas desde al menos 2018, pese a recibir pagos con recursos públicos.
La Fiscalía sostiene que su contratación habría sido sostenida mediante boletas e informes de actividad que no se condicen con labores reales, documentos validados en su momento dentro del equipo parlamentario.
Incluso, relatos incluidos en la carpeta investigativa refuerzan esta hipótesis, pues exintegrantes del equipo señalaron no haberla visto desempeñando trabajos.
Una de las testigos aseguró que, desde su ingreso en 2018, nunca vio a la imputada desempeñando funciones para el equipo parlamentario.
Junto a lo anterior, otra persona afirmó que desconocía incluso su contratación formal dentro del Congreso.
La investigación también incluye conversaciones de WhatsApp atribuidas a Arnaldo Domínguez, donde, según la Fiscalía, se evidencian gestiones vinculadas a contratos, pagos y documentación asociada a Carrasco.
Estos antecedentes, sumados a registros de la plataforma SocialTazk, forman parte de una línea investigativa que analiza el uso de bases de datos con información electoral.
Durante peritajes informáticos se detectaron millones de registros de votantes, lo que abrió la duda sobre su origen y eventual utilización para fines de segmentación política o servicios externos.