La Tesorería General de la República (TGR) celebró la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó cuatro recursos de protección interpuestos por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según la TGR, el fallo “ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas”.

Entre los casos desestimados, la TGR destacó el fallo Rol N° Protección-3249-2026. En este, el demandante cuestionaba que se utilizaran procedimientos del Código Tributario para exigir pagos y dictar órdenes de embargo. Su argumento central era que el CAE tiene naturaleza civil y no tributaria, por lo que esos procedimientos no serían aplicables a su deuda.

Sin embargo, la Quinta Sala de la Corte de Valparaíso determinó que “no existe arbitrariedad”, y la TGR explicó que “una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, la institución está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario”.

Medidas de cobro y facilidades de pago por el CAE

Según informó BioBioChile, desde junio la TGR comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces y a tomar fondos de cuentas bancarias de quienes no regularizan su situación. A la vez, han reforzado la oferta de convenios de pago flexibles, eliminando la obligación de abonar el 10% de la deuda de una sola vez y adaptando los planes según los ingresos de los deudores.

Al mismo tiempo, la TGR instó a los morosos a normalizar sus pagos, recordando que la justicia ha sido consistente en declarar que los recursos de protección no son la vía idónea para cuestionar la naturaleza jurídica de la deuda ni los tribunales competentes.

El comunicado de la Tesorería señaló que este fallo se suma a decisiones similares de la Corte de Apelaciones de Arica y a más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema. Según la TGR, “la justicia ha ratificado sostenidamente que los recursos de protección no son la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de la deuda o cuestionar el proceso y tribunal competente de cobro”.

En ese contexto, la TGR reiteró la importancia de regularizar los créditos pendientes para evitar embargos de bienes y facilitar acuerdos de pago que se ajusten a la situación de cada deudor.