A pocas semanas de una nueva etapa en la implementación de la Ley de 40 horas, surgen dudas sobre cómo deberá aplicarse en la práctica la reducción de la jornada laboral.
El cambio comenzará a regir desde el 26 de abril —y en la mayoría de los casos se implementará desde el lunes 27—, obligando a empresas y trabajadores a definir cómo se distribuirán las horas de trabajo.
En este contexto, el abogado laboral y Magíster en Derecho (LLM) por Queen Mary University of London, Gabriel Halpern, abordó los principales desafíos del proceso y llamó a avanzar concretamente a buscar acuerdos para evitar conflictos.
Acuerdos y definición clara de la jornada
El socio de AMH Legal enfatizó que “lo deseable es que exista comunicación entre las partes del contrato de trabajo para acordar cómo se implementará la reducción. El mutuo acuerdo es lo más deseable“.
Si bien la normativa establece que, en ausencia de acuerdo, es el empleador quien puede definir la distribución, el abogado advirtió que involucrar a sindicatos o equipos de trabajo puede ser clave para evitar tensiones.
“Lo importante es construir confianza para que esta mejora repercuta en la calidad de vida de las personas”, agregó.
Artículo 22: foco de incertidumbre
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la aplicación del “Artículo 22”, que excluye del límite de jornada a quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata.
En las semanas previas a la entrada en vigencia, se espera que la Dirección del Trabajo emita dictámenes para aclarar su alcance.
Halpern explicó que estos pronunciamientos no modificarán el cronograma de la rebaja horaria, pero sí ayudarán interpretar el alcance de la norma.
“El espíritu sigue siendo el mismo: hay personas que trabajan por objetivos y otras por tiempo de trabajo. Clarificar esa diferencia es clave, porque si no hay reglas claras, afecta en la calidad de vida, el bienestar e incluso la productividad”, concluyó.