El cantante Américo fue condenado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en perjuicio de su expareja, la actriz y conductora Yamila Reyna.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Garantía de San Javier, luego de que el artista reconociera su responsabilidad en los hechos ocurridos en febrero de 2026 y pidiera disculpas públicas.
Detalle de las medidas y penas impuestas a Américo
- Pena principal sustituida: Se le aplicó una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo. No obstante, se sustituyó la cárcel efectiva por reclusión parcial domiciliaria diurna de ocho horas continuas diarias, controlada mediante el monitoreo telemático de una tobillera electrónica.
- Sanción económica: Deberá pagar una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale aproximadamente a $796.840 pesos chilenos.
- Orden de alejamiento: Tiene la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con Yamila Reyna por un período de seis meses.
- Tratamiento psicológico: Se le ordenó someterse de manera obligatoria a un programa terapéutico de control de impulsos durante dos años, el cual debe ser costeado por él mismo.
- Condición para salir del país: Debido a sus compromisos laborales y conciertos en el extranjero, el tribunal autorizó que pueda salir de Chile bajo la condición de dejar una garantía económica de 5 millones de pesos.
En Página 7 hablamos con Stephanie Astudillo, académica coordinadora de la Clínica Jurídica de Universidad de Las Américas (UDLA) Sede Viña del Mar, para saber detalles de cómo se cumple la terapia obligatoria.
– Cuando una condena por VIF impone dos años de terapia para el control de impulsos, ¿cómo se determina qué profesional la realizará?
“La Ley 20.066 no establece un mecanismo de designación de un profesional específico. La atención debe ajustarse al programa terapéutico y a las condiciones fijadas por el tribunal, correspondiendo a la institución tratante organizar su ejecución”.
– ¿Lo elige la persona condenada o lo asigna el tribunal?
“Depende de lo dispuesto en la sentencia. La persona condenada puede proponer un profesional o una institución, pero debe respetar las condiciones judiciales. La ley no contempla una asignación automática de terapeutas por parte del tribunal”.
– ¿De qué manera se realiza el seguimiento del cumplimiento de la medida?
“La institución debe informar al tribunal sobre el tratamiento, su inicio y término, además de entregar los reportes que este ordene. Su periodicidad depende de lo dispuesto judicialmente. En este caso se fijó reporte de manera semestral”.
– ¿Bajo qué criterio se establece la duración de la terapia?
“El tribunal considera las circunstancias que justifican la medida y los antecedentes proporcionados por la institución tratante. Los artículos 9 y 16 de la ley citada contemplan un plazo de seis meses a dos años, con posibilidad de prórroga considerando los antecedentes. En razón de la gravedad de los hechos, en este caso se fijaron dos años”.