La denuncia sobre una presunta agresión sexual al interior de un geriátrico en California, Estados Unidos, encendió las alertas sobre la seguridad en residencias de adultos mayores.
La investigación apunta contra Jonathan Michael Alvarado, voluntario de 39 años que participaba como músico en el centro La Mirada Heights Independent Living Facility.
Según los antecedentes, el hecho se remonta al 10 de junio del año pasado, cuando una serie de notificaciones inusuales desde una cámara instalada en la habitación de la víctima llamó la atención de su hija.
En ese contexto, Camyl Anderson revisó los registros y detectó que el imputado permaneció más de una hora dentro del dormitorio, donde se habría desnudado antes de retirarse.
Tras la alerta, funcionarios del recinto ingresaron a la habitación y encontraron a la mujer —de 61 años y con diagnóstico de demencia temprana— desorientada y sin comprender lo ocurrido, informó Los Angeles Times.
A raíz de estos hechos, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles concretó la detención del sujeto el 13 de junio de 2025.
La fiscalía le imputó dos cargos: violación a una persona incapaz de consentir y abuso de un adulto dependiente. Posteriormente, quedó en libertad tras pagar una fianza de 150 mil dólares y deberá enfrentar una audiencia el próximo 10 de abril.
Demanda civil y cuestionamientos al recinto
En paralelo, la familia de la víctima presentó una demanda civil contra el centro y contra el acusado, acusando negligencia, abuso, agresión sexual y daño emocional, con una indemnización solicitada de 25 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, el recinto ni siquiera contaba con la identificación completa del voluntario, lo que complicó su ubicación inicial, consignó Infobae.
Bajo esa lógica, el abogado Dominique N. Westmoreland advirtió que “si se invita a terceros a interactuar con residentes vulnerables, es imprescindible conocer su historial y controlar su acceso”.
Además, la familia sostiene que el lugar no adoptó medidas suficientes para resguardar a personas con deterioro cognitivo, pese a que la condición de la víctima había sido informada previamente.
Investigación en curso y posibles nuevas víctimas
La causa penal continúa en desarrollo. De hecho, la fiscalía formalizó cargos tras una nueva revisión en enero, luego de que la denuncia inicial requiriera mayores diligencias, según explicó la vocera Zara Lockshin.
En paralelo, la familia revisó grabaciones anteriores y detectó al menos otro episodio sospechoso en la misma habitación, lo que abre la posibilidad de nuevos antecedentes en la investigación.
Desde la administración del recinto, la portavoz Laura Lepore aseguró que “la seguridad y el bienestar de nuestros residentes es nuestra máxima prioridad. Estamos perturbados por estas acusaciones y cooperaremos plenamente con la investigación criminal”.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas o personas con información a acercarse a la policía, mientras el caso sigue avanzando en tribunales.