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Las conversaciones por WhatsApp entre altos funcionarios del Gobierno Regional del Biobío revelan cómo intentaron contener la crisis generada por el caso Camila Polizzi, donde se asignaron $250 millones a una fundación cercana a ella en lugar de ayudar a vecinos necesitados. Las comunicaciones mostraron movimientos políticos para apoyar a Polizzi, incluyendo intentos de conseguirle un abogado y propuestas de seminarios. Martínez y Acuña son acusados, mientras Díaz se desligó del escándalo. La Fiscalía pide penas de cárcel de 8 a 15 años para los implicados, y se esperan nuevos elementos digitales en el juicio.
Las conversaciones por WhatsApp entre altos funcionarios del Gobierno Regional del Biobío arrojan nuevas luces sobre cómo se manejó internamente la crisis generada por el caso Camila Polizzi.
Los registros, contenidos en más de 800 páginas de antecedentes judiciales, muestran los intentos por contener los daños tras la primera publicación de BBCL Investiga, en julio de 2023.
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Esa mañana, a las 06:00 horas, estallaba la bomba mediática: la asignación directa de $250 millones a una fundación controlada informalmente por Polizzi.
Los recursos, que debían ir en ayuda de los vecinos del Barrio Norte de Concepción, terminaron repartidos entre su círculo más cercano.
La reacción fue inmediata. Rodrigo Martínez, administrador regional y mano derecha del gobernador Rodrigo Díaz, escribió en el grupo de WhatsApp que compartía con Díaz y Rodrigo Alarcón (su jefe de gabinete): “Hay fuga desde finanzas para tanto detalle de gastos”. A ellos se les conocía como R1, R2 y R3.
El propio Díaz, al verse mencionado, se desligó: “No estaba al tanto de esto. Me parece grave lo del reportaje”.
Luego, ordenó reforzar los controles internos: “Máximo rigor con cualquier cosa que se deba cerrar”.
Caso Polizzi: la crisis técnica y los movimientos políticos
Sin embargo, los esfuerzos no se limitaron a contener la crisis técnica. También hubo movimientos políticos.
Marcelo Rivera, exalcalde de Hualpén condenado por corrupción, fue contactado por Alarcón por orden de Martínez. “Hablé con el Diablo. Llámalo e idealmente júntense con la niña”, escribió el administrador, en referencia a Polizzi.
Rivera se transformó en puente con la imputada. Intentaron conseguirle un abogado, pero la opción propuesta rechazó tomar el caso.
“Preocupa que caiga en una defensa desconocida”, se lamentó Rivera.
Polizzi, por su parte, evidenciaba desesperación: “El gobernador me está sacando la cresta con querella criminal incluida”.
En paralelo, el Gobierno Regional analizaba otras vías para mantener en juego a Polizzi.
Según la PDI, se evaluaba encargarle un seminario por $15 millones, a pesar de que el escándalo ya estaba en marcha. La idea fue descartada semanas después. “Cada día es riesgoso, que cierren luego [el programa]”, advirtió Simón Acuña, jefe de Desarrollo Social.
Acuña es hoy uno de los principales acusados en la causa. La fiscalía pide para él 15 años de cárcel.
Su entorno denuncia que se le está usando como chivo expiatorio. “A él lo enviaron a dar la cara”, afirma su padre, Germán Acuña. “No ha tenido contacto con políticos ni con Polizzi, como sí lo hicieron otros”.
En el corazón de las comunicaciones también aparecen gestiones para “apitutar” a cercanos.
Martínez pidió a Acuña instalar “dos profesionales en algunos de los programas”. Luego insistió con otro nombre: “Amigo personal de RDW y mío que quedó sin pega ahora”.
El vínculo entre el GORE y Polizzi venía desde mucho antes del convenio. De hecho, según la PDI, ya en 2021 se coordinaban actividades en conjunto.
“Café o pilsener?", escribió Alarcón a la entonces candidata a diputada. La relación, señalan fuentes, buscaba sumar apoyo político en el Barrio Norte y generar presión sobre el exalcalde Álvaro Ortiz.
Con el paso de los días, el escándalo se profundizó. El gobernador Díaz tuvo su peor traspié comunicacional el 31 de julio, cuando, en vivo, se enteró por la prensa de que su jefe de gabinete conocía desde abril los detalles del caso.
“Me parece grave”, escribió inmediatamente después en el grupo de WhatsApp.
Hoy, la Fiscalía ya presentó su acusación: 8 años de cárcel para Polizzi, 15 para Martínez y Acuña, y 10 para Alarcón. En tanto, las defensas preparan sus argumentos, con nuevos respaldos digitales que podrían cambiar el rumbo del juicio.
