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La jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago compareció ante el Ministerio Público como imputada por prevaricación culposa al liberar al sicario venezolano, Alberto Carlos Mejía, vinculado al asesinato del 'Rey de Meiggs'. Se investiga una posible imprudencia grave en sus actos. El abogado Alberto Precht explicó que la imputación es parte de una investigación, mientras la jueza enfrenta un proceso administrativo en el Poder Judicial. Se cuestiona la emisión de tres oficios con errores tras la formalización del caso, lo que genera dudas sobre posibles intervenciones humanas o negligencias en el sistema judicial y de Gendarmería.
Irene Rodríguez, jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, declaró este miércoles ante el Ministerio Público en calidad de imputada por el delito de prevaricación culposa.
Lo anterior, tras haber liberado al sicario venezolano, Alberto Carlos Mejía, formalizado por el asesinato de José Reyes Ossa, conocido como el 'Rey de Meiggs'.
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La investigación apunta a una "imprudencia grave o ignorancia inexcusable" al realizar actos que permitieron la liberación del homicida.
Recordemos que el sujeto escapó del país, luego de que se revocara su prisión preventiva tras una serie de errores entre gendarmes y la mencionada jueza.
¿Qué es la prevaricación culposa y a qué se expone la jueza Rodríguez?
El abogado del matinal Buenos días a todos, Alberto Precht, conversó con Página 7 y explicó qué es la prevaricación culposa.
"Es un tipo penal que se aplica a los jueces cuando estos dictan una resolución, una sentencia, habría que ver si también incluye a un oficio como este, de manera manifiestamente negligente, es decir, con una negligencia grave, inexcusable, que va más allá de un mero error", indicó.
El también docente aclaró que si bien la connotación de imputado parece muy grave, es algo absolutamente normal.
"Significa que están investigando la comisión de uno o más delitos, y está en calidad de imputada aún no formalizada, es decir, ni siquiera ha habido una formalización por parte del Ministerio Público frente a un juez de garantía de la investigación de estos delitos", indicó.
Sobre el futuro de la jueza, comentó que "hoy existe un proceso administrativo al interior del Poder Judicial, que tiene que ponderar efectivamente si hay una sanción administrativa, y es por eso que está suspendida por el lapso de un mes".
"Evidentemente, si la jueza termina siendo formalizada, ni hablar si es acusada y condenada, claramente no es compatible con su función en el Poder Judicial", agregó.
¿Cómo se explican los tres oficios de la jueza?
Recordemos que la suspendida jueza fue protagonista de una serie de errores, luego de que emitiera tres oficios después de la formalización.
El primero, con el nombre falso de Ferrer, que decretaba prisión preventiva. Un segundo, que anulaba la medida por la identidad errónea, y un tercero con el nombre correcto, que confirmaba la prisión.
¿Cómo se explica este actuar? "Me cuesta creer que hay un simple error, debido a que la comunicación del oficio interno que resuelve el problema del falso apellido del señor Ferrer, a la postre Mejía, es algo que, la verdad, no se explica sino más allá de una intervención humana. No es solamente un problema de sistema", señaló Precht.
"Por otro lado, me parece preocupante que no se entienda que algunos oficios, por muy internos que sean, pueden causar confusión, error o más si hay mala fe en este tipo de casos en otros órganos de la administración de justicia o auxiliares en la administración de justicia, como el caso de Gendarmería", añadió.
"Entonces, uno por eso espera que se investigue como se está investigando hasta ahora. Encuentro que es una muy buena señal que se estén tomando estas declaraciones y que se siga un procedimiento penal al respecto", concluyó.
