La Justicia ordenó a los herederos de Augusto Pinochet (1915-2006) restituir 16 millones de dólares al fisco.

Este patrimonio se obtuvo por la “sustracción de caudales públicos” en los que incurrió el dictador y que fueron distribuidos entre sus sucesores tras su fallecimiento.

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago acogió así la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recuperar el dinero malversado que aún no había sido confiscado.