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Martín de los Santos se convirtió en prófugo de la justicia tras protagonizar una violenta golpiza contra un conserje de 70 años en Chile, lo que lo llevó a abordar un avión hacia Brasil. A pesar de comparecer telemáticamente ante el tribunal desde el extranjero, se le ordenó prisión preventiva, medida que no cumplió al decidir no regresar a Chile, donde ahora enfrenta una alerta roja de Interpol. A pesar de los cuestionamientos al manejo del caso por parte de la fiscalía, se espera que regrese al país para ejercer su defensa y enfrentar una posible condena de al menos cinco años de cárcel por el delito imputado de lesiones gravísimas.
La mañana del jueves 19 de junio, Martín de los Santos abordó un avión rumbo a Florianópolis, en Brasil.
A esa hora, aún no se sabía que sería protagonista de uno de los casos más comentados de las últimas semanas: la violenta golpiza contra un conserje de 70 años, ocurrida días antes y que lo tiene hoy en calidad de prófugo.
Aunque días después compareció de manera telemática ante el tribunal para la revisión de sus medidas cautelares, lo hizo desde el extranjero y sin advertencia previa.
Durante la audiencia, en la que incluso se le vio fumando frente a cámara, escuchó cómo el juez ordenaba su prisión preventiva, medida que jamás llegó a cumplir.
Pese a que tenía pasaje de regreso a Chile, optó por no volver.
Hoy se encuentra fuera del país, mientras sobre él pesa una alerta roja de Interpol que permite su localización y detención internacional.
Desde el Ministerio Público aseguran que están realizando las gestiones necesarias para que el imputado enfrente a la justicia chilena.
Sin arraigo nacional: el error que permitió a Martín de los Santos huir del país
Sin embargo, surgieron fuertes cuestionamientos al manejo inicial del caso, ya que la fiscalía no solicitó arraigo nacional, a pesar de que desde un principio se manejaba información sobre la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.
El propio De los Santos ha insistido en que no se le han respetado sus garantías procesales, argumentando que no se le permitió contar con patrocinio legal remoto.
Sin embargo, especialistas señalan que su regreso al país es requisito para ejercer su defensa ante el tribunal competente.
En paralelo, la investigación avanza y se estima que el delito imputado podría configurar lesiones gravísimas, lo que implicaría una condena de al menos cinco años de cárcel efectiva, sin acceso a penas alternativas.
Mientras tanto, su paradero exacto sigue siendo incierto, aunque todo apunta a que su detención es solo cuestión de tiempo.
