Un informe preliminar de la Contraloría General de la República reveló irregularidades en la Fundación Daya, organización creada por la actual diputada Ana María Gazmuri (AH) y su cónyuge, Nicolás Dormal.
Según evidenció una investigación de BioBioChile, la fundación percibió casi 380 millones de pesos (provenientes de las arcas públicas), para dotar a 14 municipios de un fármaco a base de cannabis, entre junio de 2015 y mayo de 2016.
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De ese modo, entre 8,8 y 35,2 millones fueron los transferidos por los municipios hacia la fundación de Ana María Gazmuri.
Ellos fueron, además de los mencionados anteriormente, Calama, Tocopilla, Calera de Tango, Quinta Normal, Quilicura, Chillán, Graneros, Antofagasta, Copiapó, Peñalolén, Puerto Natales, Parral, Quilpué y Arica.
El objetivo, era suministrar el "uso compasivo de aceite de cannabis” a 100 o 200 pacientes durante un año.
Sin embargo, solo dos comunas (Quilicura y Chillán) recibieron la totalidad de las dosis comprometidas. A otros dos municipios (Graneros y Antofagasta) les llegó menor cantidad de medicamentos, mientras que el resto no recibió ninguno.
Pre-informe de Contraloría sobre Fundación Daya
Debido a lo anterior, la Contraloría detectó la ausencia de algunas rendiciones de gastos. Otros desembolsos fueron rendidos dos veces a municipios distintos.
“Se constató que la fundación rindió una serie de gastos que no se ajustaban al objetivo del proyecto establecido en los diversos convenios suscritos con las entidades municipales”, estableció la investigación.
Asimismo, se observó que la fundación rindió como gasto, el arriendo de un inmueble en la comuna de Providencia. Esto, por un monto mensual superior a $1,7 millones.
Dicho domicilio, deja de manifiesto la Contraloría, no corresponde al de la fundación, ni tampoco a la dirección del terreno donde se realizó la plantación de la marihuana.
En ese contexto, desde Fundación Daya indicaron que, entre otras cosas, los municipios muchas veces no generaron “las condiciones” para la implementación del programa.
¿Qué podría pasar con Fundación Daya?
Actualmente, la Contraloría espera las respuestas de los 13 municipios cuyos gastos están siendo cuestionados.
Esto podría llevar a varios escenarios: la corrección de las irregularidades, la exigencia de la devolución parcial o total de los fondos recibidos por Daya, el posible inicio de sumarios y, en el peor de los casos, el envío de antecedentes al Ministerio Público.
Lo último ocurriría, si el órgano fiscalizador determina que se han cometido delitos penales.
