En el transcurso de este jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre las pensiones de gracia concedidas después del estallido social, y la controversia que ha surgido al respecto.
Según el informe, se detectó que 19 expedientes de beneficiarios de la pensión de gracia, enviados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no tenían antecedentes médicos, informó BioBioChile.
En algunos casos, los respaldos consistían en certificados médicos ilegibles, sin diagnóstico claro, con información contradictoria sobre el daño o con fechas anteriores a octubre de 2019, según lo señala el informe de la CGR.
Con respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el informe también revela que, al revisar 10 casos, se constató que “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante”.
“Lo que da cuenta, además, de que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados”, indican.
Antecedentes penales de 58 personas
Adicionalmente, según lo informado por la entidad fiscalizadora, se constató que 58 de las 419 personas que recibieron una pensión de gracia, “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedente que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales”, precisa.
Entre ellos “se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
Sumado a lo anterior, se verificó que el documento denominado “Flujo Postulación Pensión de Gracia INDH 2022”, que detalla la clasificación de las lesiones que podrían haber experimentado los solicitantes (…) “no se encontraba aprobado formalmente“.
Por otra parte, la Contraloría llega a la conclusión de que no se da cuenta “de la decisión de la autoridad de establecer un incremento de pensiones otorgadas con anterioridad a dicha definición”.