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Agencia Uno
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los imputados en el caso Muñeca Bielorrusa, Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. La jueza Patricia Ibacache argumentó que se han burlado del país y violado la confianza pública. La medida busca evitar obstrucciones en la investigación, con pruebas de borrado de mensajes que apuntan a pagos irregulares.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesEl Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, los tres imputados en la investigación por el caso conocido como Muñeca Bielorrusa.
La jueza Patricia Ibacache fue tajante al fundamentar su decisión: "Quienes están siendo formalizados hoy se han reído de todo un país en juntas sociales. Han ostentado viajes en redes sociales. Han violado la confianza pública”.
Además, fijó un plazo de investigación de 90 días.
Con la prisión preventiva, el tribunal apunta a evitar que los imputados obstaculicen el proceso judicial mientras se profundiza la investigación.
Se les acusa de delitos complejos, ligados a una trama que ha levantado serias sospechas sobre tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.
La Fiscalía, por su parte, ha presentado pruebas que apuntan a movimientos de dinero intenso: la acusación sostiene que los imputados habrían borrado mensajes de chats incautados, hecho que podría encubrir pagos irregulares.
La jueza Ibacache enfatizó que los acusados no actuaron de forma discreta, sino con ostentación pública. Sus palabras subrayan un punto clave de la fiscalía: los imputados habrían abusado de su influencia y posición, pasando a llevar la confianza ciudadana.
Para la ciudadanía, esta medida es una señal fuerte: las autoridades judiciales parecen decididas a avanzar con firmeza en una investigación que ha puesto bajo la lupa a figuras vinculadas al poder.
Con la prisión preventiva instaurada, comienza una etapa donde la Justicia intentará desentrañar los mecanismos de la presunta red de corrupción y definir responsabilidades concretas.