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La Contraloría General de la República ratificó que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) solo puede ser usada para traslados académicos, excluyendo viajes personales y recreativos, respaldando la postura de la Subsecretaría de Transportes. La decisión se tomó tras una denuncia de un usuario sobre la falta de restricciones explícitas en la Guía de Uso de la TNE. A pesar de ello, las empresas de transporte no pueden exigir la justificación del motivo del viaje a los estudiantes, lo que dificulta la fiscalización. La diputada Emilia Schneider criticó la medida y anunció que oficiará al Ministerio de Transportes, considerando esta resolución como un retroceso en los derechos estudiantiles.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesLa Contraloría General de la República emitió un dictamen que ratifica que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) debe ser utilizada exclusivamente para traslados con fines académicos, descartando así su validez en viajes personales y recreativos.
El documento viene a respaldar la postura de la Subsecretaría de Transportes, la cual ya había definido este criterio, pese a que la tarjeta funciona todos los días y a toda hora.
La resolución se da luego de la denuncia de un usuario que cuestionó que la Guía de Uso de la TNE publicada por Junaeb no incluía restricciones explícitas sobre el motivo del viaje.
No obstante, el ente contralor basó su decisión en el Decreto N.º 20 del Ministerio de Transportes, el cual establece que la tarjeta estudiantil puede ser utilizado durante los 12 meses del año y en cualquier horario, pero “con motivo de estudio”.
Pese a lo anterior, desde la Subsecretaría de Transportes aclararon que las empresas operadoras del sistema de transporte público no están facultadas para exigir a los estudiantes que demuestren el motivo de su traslado, lo que, en la práctica, impide fiscalizar individualmente el cumplimiento de este criterio.
El fallo sobre el uso de la TNE desató diversas reacciones en el mundo político, siendo la diputada Emilia Schneider una de las más detractoras.
Por lo mismo, la parlamentaria anunció que oficiará al Ministerio de Transportes, calificando la medida como un retroceso en los derechos estudiantiles.
“No podemos permitir que esto signifique un retroceso en un derecho que ha sido conquistado con años de lucha por las y los estudiantes de Chile”, expresó la parlamentaria a través de sus redes sociales.
De esta forma, esta situación vuelve a poner sobre la mesa el debate una de las demandas históricas del movimiento estudiantil en nuestro país.