Liberan a sicario del “Rey de Meiggs” tras orden del tribunal: Gendarmería acató instrucción

En medio de una investigación por homicidio por encargo que estremeció a Ñuñoa, uno de los imputados en el crimen del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, recuperó su libertad.

El sujeto liberado es Osmar Ferrer Ramírez, parte de una cadena de sicarios vinculada al Tren de Aragua, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía ECOH consigna Radio BíoBío.

El mismo día de su formalización, el miércoles 9 de julio, el tribunal ordenó su liberación, la que se concretó al día siguiente, a las 18:00 horas en la Penitenciaría.

Liberan sicario del “Rey de Meiggs”

El asesinato del empresario ocurrió el 19 de junio, cuando emboscaron a Reyes Ossa al salir de un edificio en calle Quirihue, Ñuñoa. Los atacantes lo esperaron por más de dos horas, golpeándolo con un arma y disparándole tres veces, una de ellas en el cuello, lo que provocó su muerte en el lugar.

Según la Fiscalía, un ciudadano chileno, vinculado a los negocios de la víctima y cercano a su entorno familiar, fue quien ordenó el asesinato.

Contactó a un venezolano, quien reclutó a otro, y finalmente este contrató a tres compatriotas para ejecutar el crimen. A los sicarios se les ofrecieron 30 millones de pesos, aunque solo recibieron un pago parcial de 4,5 millones.

Los imputados, en situación migratoria irregular, conocían detalles íntimos del empresario: sus movimientos, el horario en que llegaría desde la Quinta Región e incluso tenían una fotografía suya. La idea original era secuestrarlo, pero al no lograr ingresarlo al auto, lo asesinaron en el sitio.

Captura, prisión preventiva… y liberación

Luego del crimen, los homicidas huyeron a Osorno, donde permanecieron 15 días monitoreando el avance del caso. El OS9 de Carabineros logró detenerlos tras seguir múltiples pistas, una de ellas relacionada con el vehículo usado en el ataque el 8 de julio en Estación Central.

El tribunal decretó prisión preventiva para los tres imputados formalizados y fijó un plazo de 120 días para la investigación. El fiscal Sergio Soto aseguró que se acreditaron plenamente los delitos de homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas.