Abren investigación tras denuncia de exfuncionaria que acusó extorsión en Ministerio del Interior

Un presunto delito de extorsión en el Ministerio del Interior está investigando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de que una exfuncionaria denunciara que la amenazaron con difundir información íntima.

Según consignó Ciper, la mujer presentó una querella en la que asegura que en diciembre de 2023 recibió correos en los que le pedían $2 millones para no difundir “conversaciones de carácter sensible” que mantuvo, a través de WhatsApp, con otra persona de la cartera.

Las diligencias están a cargo de la Policía de Investigaciones, como por ejemplo, para detectar un eventual delito de acceso ilícito a los dispositivos electrónicos de la exfuncionaria, datos que habrían sido extraídos de sus cuentas de WhatsApp y correo.

Lo siguiente es lo que se lee en el primer correo que la entonces funcionaria habría recibido el 27 de diciembre de 2023, cuando todavía realizaba labores en ese ministerio:

“Hemos hackeado su WhatsApp y obtenido sus conversaciones. Tenemos los contactos de los involucrados y conocemos su calidad de funcionario público de confianza, por lo que imaginamos que no espera que esto sea publicado. Enviamos algunas fotos de prueba, pero tenemos todo respaldado. Conteste el presente correo y daremos instrucciones de cómo evitar que se filtre la información. En caso de hacer una denuncia, se revelará todo (…)”.

Según informó BioBioChile, al mes siguiente, el 10 de enero de 2024, la mujer interpuso la querella criminal, donde se investigan los presuntos delitos de extorsión y acceso ilícito a información.

Desde ese momento, la indagatoria quedó a cargo de la fiscal Liliana Machuca y tiene carácter de reservada.

Fiscalía investiga presunta extorsión a exfuncionaria

En la querella se pide a la fiscalía lo siguiente: “Despachar una orden de investigar al Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile”, para hacer una “pericia informática al celular y al computador del que se extrajeron los mensajes”, con el objetivo de rastrear “las direcciones IP de las que provienen los mensajes delictivos”.

En el escrito presentado por la exfuncionaria se pide además que se cite a declarar a siete personas, entre ellas algunos trabajadores del ministerio.

Cabe mencionar que, según la acción judicial de la mujer, el 29 de diciembre de 2023, recibió un mensaje anónimo por medio de la red social Telegram. En el escrito, la persona que lo envió dijo ser la autora de la extorsión, pidió perdón y dijo que había borrado todo.