Un avance crucial en el esclarecimiento del brutal criman contra Melissa Chávez comenzó a tomar forma esta semana en tribunales.
Este lunes, la Fiscalía presentó ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo la acusación contra Mirta Ardiles, indagada por el Ministerio Público como autora de los delitos de parricidio e incendio, por el asesinato de su hija de 12 años.
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En otra arista de la causa, la mujer figura como cómplice de los delitos reiterados de violación y abuso sexual, presuntamente cometidos por Luis Santander -su pareja- contra la niña, desde que esta tenía 6 años de edad y hasta el mismo día de su muerte.
Nuevos antecedentes sobre crimen de Melissa Chávez
La acción del Ministerio Público es parte esencial para llevar el caso a un juicio, ya que este documento contiene el detalle de los hechos ocurridos en el inmueble de Villa Talinay ese fatal 26 de noviembre, y enuncia las pruebas, testigos y peritos que sustentarán el debate en las audiencias.
A esta instancia ambos llegan en calidad de acusados y la eventual culpabilidad deberá ser determinada por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, en un proceso de audiencias que se prevé extenso y complejo, tanto por las características propias de los delitos a dilucidar, como por la pretensión de los abogados defensores de Ardiles y Santander, que pedirán la absolución.
Son 23 páginas, en un documento que por estos días concentra el trabajo de todos los abogados intervinientes y al que El Día tuvo acceso. Recordemos que a la Fiscalía y abogados defensores, tanto privados como públicos, se suman como querellantes la Defensoría de la Niñez y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, esta última en representación de la familia paterna biológica de la víctima.
Cabe señalar que el detalle de algunos de los antecedentes y otros datos sensibles descritos en la acusación fueron omitidos en esta publicación, por respeto y resguardo de la honra de la víctima -menor de edad- y su familia.
La acusación
Determinar qué sucedió la mañana del 26 de noviembre de 2020 en la vivienda de Villa Talinay, y las razones que explican este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, será la labor de los jueces.
Por parte de la Fiscalía, la investigación determinó que entre las 10:30 y las 11:17 horas, Mirta Ardiles tomó un cuchillo cocinero y se dirigió a la habitación del segundo piso del inmueble, donde su hija se encontraba en la litera superior de un camarote. En ese instante, la habría atacado con 11 estocadas. Dos de los puñales generaron lesiones graves en la cabeza y hemorragias, que le causaron una muerte no inmediata.
“Las lesiones no eran necesariamente mortales con socorros oportunos y eficaces”, se afirma en el texto.
Una vez cometido el crimen, Ardiles habría iniciado un incendio en el colchón inferior de la litera, que consumió gran parte del mobiliario de la habitación, hasta que las llamas fueron controladas por Bomberos. Finalmente se habría retirado rápidamente del lugar.
¿Qué pudo haber motivado un ataque tan cruel contra su propia hija?
Esta una de las principales interrogantes a resolver y si bien en la acusación no se detalla el móvil del crimen, ya que hasta la fecha Ardiles no ha prestado declaración, antecedentes relacionados con la segunda arista serían fundamentales. Así se extrae del documento y también lo sostienen algunas fuentes consultadas por el citado medio.
Los abusos sexuales contra la pequeña habrían comenzado de forma reiterada en 2014, cuando Santander se quedaba a cargo del cuidado de la niña, de entonces 6 años. En distintas oportunidades habría realizado tocaciones, que fueron alertadas a la madre, quien presentó una denuncia.
Ese hecho, sin embargo, no tuvo resolución en la justicia, ya que Fiscalía habría dejado de perseverar. En la acusación, se sostiene que la misma madre “provocó la retracción de la víctima en las distintas instancias investigativas”.
Antecedentes manejados por el mencionado medio indican que la pareja se habría separado, pero retomó su relación en 2020. Esto último es referido en el documento de Fiscalía, que detalla que ambos se fueron a vivir juntos a inicios de septiembre de ese año, junto a Melissa y a otro menor de edad, hijo en común de Ardiles y Santander.
Desde entonces el hombre habría comenzado nuevamente con sus abusos, los que habrían estado en conocimiento e incluso facilitados por la madre. Eso sí, luego las agresiones se complejizaron hasta llegar a una violación, que se diferencia de lo anterior, según la ley, porque en esta hay un “acceso carnal” del victimario a la víctima.
La violación habría ocurrido el mismo 26 de noviembre, seis horas antes de que la niña fuera asesinada, por lo que la respuesta al móvil del crimen tiene relación con lo ocurrido esa misma madrugada.
Altas penas tras crimen de Melissa Chávez
Este miércoles, el fiscal regional, Adrián Vega, ya había adelantado que se pediría el presidio perpetuo para la madre de la niña, además de otras penas que superaban los 20 años para cada uno de los acusados.
Esto se aborda en detalle en la acusación. Además de una condena de por vida por el parricidio, Mirta Ardiles arriesga 18 años como autora de incendio en lugar habitado; otros 15 años como cómplice del delito reiterado de violación de menor de 14 años; y 7 años como cómplice del delito reiterado de abuso sexual de menor de 14 años. Es decir, además de la eventual sentencia por el asesinato, recibiría en sumatoria otros 40 años de cárcel.
El presidio perpetuo (simple) considera 20 años de cumplimiento efectivo, es decir, dentro de la cárcel y sin optar a beneficios de salida. Pero, de cumplirse las pretensiones de la Fiscalía, serían 60.
En el caso de Luis Santander, se pretende una pena de 18 años como autor del delito reiterado de violación contra menor de 14 años y otros 15 años de presidio como autor del delito reiterado de abuso sexual contra menor de 14 años. Con todo, la pareja de Ardiles arriesga en total 33 años en la cárcel.
Para lograrlo, la Fiscalía presentará abundantes medios de prueba, de tipo documental (67), fotografías e imágenes (31) y videos (11).
Se consideran 51 testigos, entre quienes figuran el padre biológico de Melissa, vecinos, policías, bomberos e incluso docentes y paradocentes del colegio al que asistía la víctima. En cuanto a peritos, son 18, y analizarán el sitio del suceso, aspectos psicológicos y el arma empleada para acabar con la vida de la menor de edad.
En análisis
La abogada María José Duarte, quien tiene la representación de Denis Chávez, padre biológico de Melissa, indicó que se encuentran en análisis del documento para decidir si se adherirán a la acusación fiscal o presentarán una particular.
“Estamos conversando con mi asesora para ver si nos vamos a adherir, porque las penas están dentro del estándar que nosotros esperábamos en una acusación presentada por el Ministerio Público”, dijo.
En la misma línea, sostuvo que Denis Chávez ya está en conocimiento de la acusación y se encuentra conforme con las penas solicitadas y esperanzado en obtener justicia. Durante este tiempo, dice Duarte, los familiares de la niña han sido apoyados en aspectos psicosociales para enfrentar el proceso judicial que viene, con el fin de evitar al máximo la revictimización.
Tiempos
En noviembre, mismo mes en que se cumplen dos años de la muerte de Melissa, el Juzgado de Garantía de Coquimbo realizará la audiencia de preparación de juicio oral.
En esta instancia, se revisarán las pruebas para comenzar las audiencias. Eso sí, ese día se decidirá además en cuanto a una solicitud ingresada por la defensa de Mirta Ardiles para reabrir la investigación, cerrada el 23 de septiembre.
Si se da lugar a esa petición, habría que “volver atrás” y fijar un plazo para finiquitar lo que quede pendiente en diligencias y reprogramar la preparación. Esto se decidirá el 3 de noviembre.
¿Fiscal regional como testigo en el caso?
El mismo 3 de octubre, cuando la Fiscalía presentó acusación, la defensa de Mirta Ardiles ingresó al Juzgado de Garantía de Coquimbo una solicitud para reabrir la investigación. Cabe señalar que el proceso de indagatorias se había cerrado el 23 de septiembre, a petición de la defensa de Santander, con acuerdo de los representantes de la mujer y sin oposición del resto de los intervinientes.
En el documento, se pide la reapertura aludiendo a “la existencia de diligencias de investigación oportunamente formuladas al Ministerio Público, y que este hubiera rechazado o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado”.
El primer punto es el que ha generado mayor sorpresa, ya que se solicita que se cite a declarar, en calidad de testigo, al fiscal regional Adrián Vega. Esto es en relación a la causa de abusos sexuales contra Melissa denunciados por Mirta en 2014.
En dicha oportunidad, Vega estuvo a cargo de la investigación y no perseveró, luego de que la denuncia fuera retirada. Según explican entendidos a nuestro medio, ha habido casos en que se cita a declarar como testigo a un fiscal, aunque es poco común que lo haga el persecutor jefe de la región en un caso en el que su mismo rol es tan importante, por la gravedad de los delitos indagados.
La teoría de la defensa tras crimen de Melissa Chávez
Desde la defensa de Ardiles sostienen que es algo que se ha pedido varias veces, pero que la Fiscalía ha negado, debido a que ya existe declaración de Vega en los hechos. Sin embargo, recalcan que esta no es en calidad de testigo, como se pretende con esta solicitud.
“Para nosotros es relevante, dado que en la primera acusación del 2014 él es quien lleva la investigación y nos parece que puede aportar antecedentes relevantes, más allá de lo que consta en la carpeta investigativa”, indican.
Se trataría de una acción orientada a la teoría del caso de la defensa, que no ha sido revelada aún, aunque han declarado públicamente que insistirán en la inocencia de Mirta Ardiles.
La abogada María José Duarte, querellante por el padre biológico de Melissa, no se refirió a la situación específica del fiscal, pero en cuanto a la solicitud adelantó que cuando se les pida posición, se opondrán a la reapertura de la investigación.
Junto con la declaración del fiscal, la defensa de la acusada pide también que se detalle el resultado de diligencias que consideran incompletas.