Con 143 votos a favor y cuatro abstenciones se aprobó la resolución que pide al Ejecutivo incorporar el COVID-19 a los planes AUGE y GES y a la ley de enfermedades de alto costo, conocida como ‘Ley Ricarte Soto’.
Según lo que indica la página web de la Cámara de Diputados, el texto solicita al Presidente de la República incorporar las enfermedades derivadas del COVID-19, al Régimen General de Garantías Explícitas (GES), al Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) y a la ley Nº 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.
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Al ser una iniciativa que involucra presupuesto estatal, es una atribución exclusiva del Ejecutivo, y el objetivo es que se asegura la cobertura tanto para el tratamiento como para la rehabilitación. Asimismo, piden que las atenciones directas por la enfermedad, tengan cobertura total en Fonasa, Isapres, y en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.
Lo anterior porque familias han transparentado que los costos por conceptos de hospitalización, tratamiento y rehabilitación son muy elevados y -en muchas ocasiones- no pueden asumirlos, lo que impacta negativamente en la salud de quienes debieron sortear la enfermedad.
El texto, señala que esta situaicón reúne condiciones de gravedad y urgencia, generando un alto impacto socioeconómico y también en la salud mental de quienes les resulta imposible costear los altos montos.
Considerando que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, es responsabilidad de la autoridad política dar respuesta a lo señalado, concluye la resolución.
Cabe señalar que la iniciativa fue patrocinada por los diputados Carolina Marzán, Patricia Rubio, Cristina Girardi, Andrea Parra, Ricardo Celis, Rodrigo González y Tucapel Jiménez; y los independientes René Alinco, Patricio Rosas y Raúl Soto.
