Carmen Fernández fue la primera autoridad en llegar a enfrentar la emergencia tras el terremoto del 27 de febrero del 2010.
Tras una serie de problemas en el manejo de la emergencia, la exdirectora de la Onemi fue responsabilizada de no alertar a la población de un tsunami que costó la vida a 156 personas y la desaparición de 25, llegando a ser formalizada por cuasi delito de homicidio. Hoy, a diez años de la tragedia, la periodista ha decidido guardar silencio.
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Ya han pasado siete años de ese proceso judicial, investigación que estuvo a cargo de la fiscal Solange Huerta, donde se le imputó por 28 de las 156 muertes ocurridas esa noche tras el maremoto que azotó las costas del país.
En su explicación ante el fiscal, la entonces directora de la Onemi, responsabilizó al SHOA por no dar la alerta correspondiente y recordó su importante vida laboral y profesional, como su trabajo en medios y agencias de comunicación, sus especializaciones en prevención de riesgos en Estados Unidos y España, y -obviamente-, su trabajo en la Onemi, donde asumió como directora nacional interina en mayo 2006, bajo el gobierno de Michelle Bachelet.
En este proceso, Huerta aseguró que la exdirectora entregó datos falsos, que no recopiló información y que no difundió la alerta; palabras que pusieron fin a su carrera laboral e hicieron que Carmen Fernández no se quisiera referir más a los hechos, indicó La Tercera en un extenso reportaje.
Así lo mencionó en el 2013 a La Segunda, el exjefe del departamento audiovisual de la Onemi, Jorge Tapia Vidal: “Ella se aisló, no quiso comunicarse más con gente de la Onemi, con quienes trabajó allí y tampoco en otras pegas… Nunca más contestó e-mails ni llamadas, lo que hay que respetar… así que la dejamos sola”.
El silencio de Fernández
Tras años de un camino legal complejo, en el 2016 los acusados, además de Fernández; Patricio Rosende (exsubsecretario del Interior), Johaziel Jamett(exjefe de Alerta Temprana) y tres miembros de la Armada: Mario Andina, Mario Rojas y Andrés Enriquez; llegaron a un acuerdo para evitar el juicio oral y suspender el procedimiento judicial, por un pago de $235 millones que serían repartidos de acuerdo a su responsabilidad en el tema. Fernández pagaría $39 millones. En el 2017 el caso se cerraría.
En aquella audiencia, la exdirectora de la Onemi leyó una declaración que la emocionó y quebró: “Vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes no se imaginan (…) Creo haber realizado todos los esfuerzos para ir en ayuda de la población, pero si eso pudo ser insuficiente, lo lamento honestamente”.
Desde entonces, no habló más de la tragedia. Y hoy, a diez años del terremoto, sigue fiel a esa decisión. “Perdone usted. Hace aproximadamente nueve años que resolví no volver a hablar con los medios. Le ruego me disculpe. Buenos días”, fue su escueta respuesta -a través de WhatsApp- a La Tercera.
Desde su entorno dicen que “ella está bien” y que se desempeña como docente part-time para la carrera de Periodismo en la UNIACC y, que también brinda asesorías a empresas privadas.
Luciano Fouillioux, su abogado en el proceso, contó al diario que aun se mantiene en contacto con Fernández. “Se está reconstruyendo, lo que no es fácil. Nada bueno pasó, salvo salir adelante. Yo no tenía ninguna relación de amistad con ella, la conocí en función de su cargo y me pareció que era una causa justa para acompañarla”, aseguró.
