La tarde de este viernes se realizó el control de detención y posterior formalización de dos estudiantes -uno de 17 y otro de 18 años- del Instituto Nacional que fueron arrestados tras los últimos disturbios que se registraron entre encapuchados y Carabineros.
Los jóvenes fueron acusados por la Fiscalía de maltrato de obra a Carabineros y daños de carácter leve a vehículos fiscales. Esta situación se habría registrado en medio de los disturbios generados luego que un grupo de estudiantes intentaran forzar su ingreso al recinto, pese a la restricción impuesta por el municipio de Santiago y rectoría del establecimiento que exigía presentar la cédula de identidad o el pase escolar para demostrar la condición de alumno regular.
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La jueza a cargo de la formalización consideró como insuficientes los testimonios del personal uniformado y por la ausencia de antecedentes penales, desestimó las medidas cautelares en contra de los dos imputados.
El abogado defensor, Fernando Bustamante, valoró esta decisión y reiteró la tesis que argumenta una detención fortuita de sus representados, ya que no habrían participado en ninguno de los delitos que se les imputan.
“Negamos la participación de estos niños. Ellos no tienen nada que ver, ellos fueron tomados detenidos en una bataola que sucedía alternativamente en otro lugar y Carabineros no tiene ninguna prueba en la carpeta investigativa distinta a la de ellos mismos de que ellos hayan sido”, señaló el abogado.
Por su parte, el fiscal de la Fiscalía Centro Norte a cargo de esta causa, Fernando Donoso, detalló las diligencias que buscará el Ministerio Público para acreditar los delitos imputados.
“Se ha recogido lo más importante que son las declaraciones de funcionarios de Carabineros, probablemente se tomen más declaraciones. Se van a buscar cámaras y evidentemente cualquier antecedente que pueda permitir dar más fundamentos a la imputación que se ha realizado”, explicó.
En tanto, el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez criticó un actuar negligente de Carabineros y llamó al municipio a abordar el conflicto con mayor profundidad.
“Queda en evidencia que la irregularidad en el proceder existe. Hoy se quiere hacer una casería de brujas, se quiere legitimar estas medidas punitivas (…) primero revisión de mochilas, segundo la instalación de cámaras y tercero la revisión de carnet al ingreso del establecimiento educacional. No necesitamos medidas cortoplacistas, necesitamos cuestiones profundas, un análisis que lamentablemente el municipio no ha tenido”, cuestionó.
El tribunal estableció un plazo de investigación de 60 días.
