El rey emérito Juan Carlos I anunció que abandonó España para ayudar a su hijo Felipe VI a preservar la imagen de la monarquía, pero los españoles se preguntaban este martes si no buscará eludir responsabilidades.
Los analistas estiman que el exjefe de Estado de 82 años, investigado por corrupción por la justicia de España y Suiza pero sin haber sido inculpado, no tenía otra opción, aun si su salida del país sea mal percibida por la población.
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Los partidos antimonárquicos se apresuraron a denunciar una “huida” indigna.
Según un sondeo en línea realizado por el periódico ABC, cercano a la monarquía, un 68% de los españoles estimó desacertada la decisión de Juan Carlos de irse de España.
“Debería haberse quedado aquí, porque es un poco vergonzoso que se vaya”, dijo a la AFP Aranzazu Catalina, una madrileña de 43 años, un día después del anunciado exilio del rey emérito. Deploró la “muy mala imagen” que ofrece el antiguo soberano.
Juan Carlos I anunció el lunes su decisión de irse del país en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, alegando querer “facilitar el ejercicio” de sus funciones ante “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de (su) vida privada”.
Aparentemente hacía alusión a la investigación del Supremo anunciada en junio para determinar la eventual responsabilidad por malversación del ex monarca, pero solo por hechos cometidos después de su abdicación en 2014, momento en que perdió la inmunidad como jefe de Estado.
La justicia suiza investiga el origen de 100 millones de dólares (más de 77 mil millones de pesos chilenos) que Juan Carlos habría recibido secretamente de Arabia Saudita en una cuenta en Suiza en 2008.
“Un rey al que echan”
Para varios especialistas en política y monarquía españolas, el rey no se fugó, como denuncian los antimonárquicos, sino que se vio forzado al exilio.
“Se trata de una salida involuntaria”, señala Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, Juan Carlos I “fue presionado por el gobierno, por su propio hijo”.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio a entender este martes en rueda de prensa que la presión vino del actual rey, al mostrar su “absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real (…) de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables” de un miembro de la familia real.
“Felipe siempre ha tratado de frenar los golpes” a la monarquía, desgastada por los escándalos en los últimos años, dice Román. En marzo, el rey le retiró a su padre su asignación anual y renunció a su herencia.
Para Abel Hernández, periodista y autor de varios libros sobre el rey, Juan Carlos se fue bajo presión pública, mediática y política.
“No es un rey que huye. Es un rey al que echan” y que “se va para evitar que sus problemas puedan contaminar la institución” real, apunta.
Proteger la corona
“Desde fuera, puede verse como una escapada, pero él no se escaparía nunca”, indica el periodista José Apezarena, autor de una biografía de Felipe VI.
Estima también que ha habido “una presión más y más fuerte hacia la Zarzuela (Casa Real) para acallar las críticas, las sospechas”.
Para Apezarena, este exilio “no arregla nada, no cambia nada” para el rey emérito, pero sí para Felipe VI.
A juicio de Paloma Román, su salida era indispensable, ya que no se trataba de un “ciudadano corriente”.
“Estamos hablando de una persona que ha sido jefe de Estado de este país y que lo ha traicionado, lo que tiene que hacer es irse. Y tenía que hacerlo desde hace mucho tiempo”, agrega.
La experta considera que Juan Carlos I, que reinó por casi 40 años, debió irse poco después de abdicar en favor de su hijo en 2014, cuando crecieron las sospechas sobre su fortuna opaca y sus estrechos vínculos con la familia real saudita.
Dicho esto, cree que la Casa Real eligió “el mejor momento” para el anuncio, en medio de rebrotes del coronavirus. “El país está en otra cosa, muy preocupado por el coronavirus”, dice.
Para Apezarena, Juan Carlos “se aparta por un tiempo” pero no se instalará permanentemente fuera de España, al tiempo que confía en que atenderá cualquier citación judicial, que de todas maneras se tardará “un montón de meses”.