“Estoy encarcelada sin ser delincuente”, afirma Juana Lazo, de 74 años, quien vive hace 27 años en la cárcel de Lurigancho en Perú, sin haber cometido ningún delito.
La mujer para entrar y salir de su casa necesita autorización policial y ser revisada en cada instancia. En ese centro penitenciario hay cientos de delincuentes y Juana vive como una reclusa más, sin estar cumpliendo una condena.
Lo que ocurrió fue que en 1996 decidieron expandir las inmediaciones del penal, enrejar el predio de la cárcel y, como la casa de Juana quedaba en esa zona, la rodearon y dejaron del lado de adentro de la prisión.
Según explicó, esto ocurrió por venganza, ya que la mujer había testificado contra la Guardia Republicana tras haber presenciado la muerte de ocho presos y una monja en las inmediaciones de la cárcel.
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“Yo di mi testimonio al fiscal Mario Miranda y les dije que la Guardia Republicana había disparado. En ese momento, ellos gritaron que el cerro y mi casa debían desaparecer y demoler, me amenazaron”, contó a La República de Perú.
Además, detalló que en los planos originales el cerco iba a dejar por fuera a su vivienda, por lo que el cambio de planes, según la mujer, responde a una represalia por su testimonio.
Juana lleva más de dos décadas en esa circunstancia y pide una solución. “Quiero que me indemnicen por todo lo que me han hecho. No pido reubicación porque estoy segura de que me mandarían a los quintos infiernos”, advirtió.
Vivir en un penal: sola, sin visitas y con un delicado estado de salud
Juana crio a sus hijos allí, crecieron entre policías y delincuentes y se fueron apenas pudieron hacerlo, ahora ella vive sola.
Para acceder a su casa tiene que subir 250 metros, lo que le resulta cada vez más difícil con la osteoporosis que padece.
“No he recibido ningún beneficio, espero que a la brevedad me indemnicen. Con el tiempo, no podré subir alturas, estoy delicada de salud”, contó la mujer.
En ese hogar vivió los últimos 56 años de su vida y es lo único que le dejó su padre, quien en la década del 70 trabajaba como jefe de mantenimiento del penal.
Aunque intentaron desalojarla varias veces, no lo lograron porque ella tiene documentos que avalan su propiedad y ahora contrató a un abogado para lograr recibir una compensación.
“Me han robado siete veces dentro del penal. Yo necesito estar tranquila porque sufro de epilepsia, hasta los médicos me los han dicho. No es dable que a mi edad tenga que pasar por denuncias y calumnias. Por eso le pido a las autoridades que reflexionen y ya no me hagan pasar por esto”, finalizó la mujer.
