Tres multas que ascienden a 4.200 euros (alrededor de 3 millones 900 mil pesos chilenos) son las que deberán pagar Javier Márquez, propietario del restaurante Lusitana Tasca, ubicado en Valencia (España), y dos voluntarias por repartir comida a más de 80 personas sin recursos durante la cuarentena.

Las sanciones corresponderían a dos por 600 euros (más de 550 mil pesos chilenos) cada una y otra por 3.000 euros (2 millones 800 mil pesos chilenos aproximadamente), por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

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Todo se habría generado el pasado 17 de marzo, cuando recién se había instaurado estado de confinamiento por la pandemia. Producto de la prohibición de abrir y ante el gran stock de comida, decidieron repartirla entre las familias necesitadas del barrio del Cabanyal.

“Nos vimos abocados a hacerlo porque teníamos todo el stock de Fallas (tradicional celebración del 15 al 17 de marzo) y evidentemente no íbamos a tirar toda esa comida, por lógica”, comentó al Huffington Post.

De esta manera se contactó con asociaciones vecinales, quienes facilitaron los voluntarios para hacer llegar la ayuda a las familias.

“El reparto a domicilio lo estábamos haciendo como una empresa, sino que nos amparamos en la licencia del BOE del 14 de marzo que permite repartir alimentos a personas vulnerables”, agregó.

“Antes de empezar hablamos con Cruz Roja por si nos podían dar un carnet o algo que nos pudiera identificar a la hora de hacerlo. Pero ellos mismos nos mandaron al BOE y que lo podíamos hacer sin problema porque lo amparaba”, dijo.

Contradicciones

Lo primero que cocinaron fue la comida perecedera, platos que fueron repartidos a representantes de las familias sin que se formaran aglomeraciones.

Según cuenta Javier, la policía pasó varias veces sin decirles nada.“Mientras hacíamos el reparto se bajaron varias patrullas de Policía Nacional, algunos se bajaron del coche para comprobar que estábamos haciendo una labor sin ánimo de lucro y viendo el BOE veían correcto lo que estábamos haciendo. Alguno incluso nos hizo el gesto de ‘ok’ desde el coche como que lo estábamos haciendo bien”, manifestó.

Finalmente, la situación estalló cuando un policía se acercó al restaurante ya finalizado el reparto, quien les aseguró que no tenían autorización para tal actividad.

“Nos dijo que eso no podía ser, que iba a avisar a su superior para que fuera. A los pocos minutos viene el superior con dos personas más y fueron bastante avasalladores, no nos dejaron hablar ni expresarnos. Lo del BOE que a él no le importaba, comentarios muy feos como que harían todo lo posible por cerrarnos o amenazándonos con frases como ’cuando abráis nos volveremos a ver las caras”, indicó.

Luego de un mes llegaron las dos primeras multas para las voluntarias y posteriormente para el restaurante.

Ante el revuelo generado en redes sociales por esta situación, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, publicó en Twitter que revisaría la sanción acorde a la solidaridad y no a los criterios de la autoridad sanitaria.