Numerosas noticias falsas sobre el coronavirus se han dado a conocer durante este año: qué lo produjo las antenas de 5G, qué existen remedios milagrosos como el dióxido de cloro o el metanol, qué las mascarillas asfixian y limitan la libertad; son algunas de las conspirativas teorías que los científicos han intentado derribar.

Y para graficar el daño que han provocado las “fake news” (noticias falsas en inglés), se publicó un estudio que categorizó a los “rumores” como una de las causas por fallecimientos relacionados al COVID-19.

El estudio, que realizó en 87 países y fue publicada en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, analizaron las desinformaciones sobre la pandemia que se han publicado en redes sociales, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 5 de abril de 2020.

A raíz de esta desinformación, aproximadamente 800 personas han muerto en todo el mundo, mientras que 5.876 han sido hospitalizadas y 60 han desarrollado ceguera total después de beber metanol como cura para el coronavirus“, indican los autores del estudio.

De esta forma, se identificaron 2.311 informes con una posible desinformación sobre el coronavirus. De ellos, el 87% se clasificó como “rumor“, un 7,8% como “teorías de conspiración” y un 3,5% como “estigmas“. La mayorías de estas “fake news” fueron encontradas en India, Estados Unidos, China, España, Indonesia y Brasil.

Además, cada categoría incluyó un ejemplo: “Los huevos de aves de corral están contaminados” o “tomar lejía puede matar el virus“, son “rumores”; “el COVID-19 es un arma biológica financiada por la fundación Bill & Melinda Gates para promover ventas de vacunas“, es “teoría de conspiración”; y “las enfermedades han venido de China“, como un “estigma”.

La desinformación alimentada por rumores, estigma y teorías conspirativas puede tener implicaciones potencialmente graves para el individuos y la comunidad si se prioriza sobre las pautas basadas en la evidencia. Las agencias de salud deben rastrear la información errónea asociada con el COVID-19 en tiempo real e involucrar a las comunidades locales y las partes interesadas del gobierno para desacreditar la información errónea”, señalan en el estudio.