En la jornada del jueves, el Diario Oficial publicó la nueva ley Devuélveme mi casa, iniciativa que fue analizada por la doctora María Luisa Cordero.

Ocupando su perfil oficial de Twitter, la diputada valoró la promulgación de dicha medida, la cual busca reforzar los derechos de los propietarios de inmuebles que tengan problemas para cobrar el alquiler o desalojar arrendatarios rebeldes.

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En ese contexto, la psiquiatra explicó que con esta norma “ahora será mucho más fácil desalojar a los sinvergüenzas que no pagan arriendo”.

Sumado a esto, la parlamentaria emplazó al Jefe de Estado comentando que es “una lástima que el presidente Gabriel Boric no haya celebrado la firma de esta ley, un claro ejemplo de lo que al marxismo no le gusta. Cuidemos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo”.

Para cerrar su reflexión, la doctora María Luisa Cordero afirmó que “todos los que han invertido en una segunda vivienda saben lo que ha costado“.

“Es por eso, querida cofradía, que les hago un llamado a estar precavidos ante las amenazas que existen por este Gobierno y gente que los rodea que no ven más allá de su ideología fracasada”, sentenció.

¿Qué es la ley Devuélveme mi casa?

Cabe señalar que esta nueva norma busca darle más derechos a los propietarios en la restitución de un inmueble arrendado, ya sea en el caso de alquileres impagos o que haya sido ocupado sin autorización.

Según consignó BioBioChile, el texto legal indica que “a solicitud del demandante y con el mérito de lo obrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario”.

“Será procedente en aquellos casos en que el arrendador pida la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado, por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso como consecuencia de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado”, añade.

Asimismo, la iniciativa detalla que en todos los casos, solo se necesita acreditar, con base a los antecedentes presentados en la demanda, la existencia de una presunción grave del derecho que se acusa, puntualizó el citado medio.

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