La crisis en Carabineros al parecer está lejos de terminar, tras la filtración de videos del asesinato del comunero Camilo Catrillanca, luego que desde la institución informaran que no existían registros.
Hermes Soto, general director de Carabineros, se mostró sorprendido ante las nuevas revelaciones, sin embargo, con el paso de las horas comenzó el rumor de una supuesta salida de su cargo.
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Lo anterior se confirmó el jueves en la tarde, aunque lo que sorprendió fue que la solicitud de renuncia no fue presentada por Soto, sino a solicitud del presidente Sebastián Piñera. Finalmente, la autoridad policial terminó por acatar la petición del mandatario.
¿Qué significa lo anterior?, que por primera vez en la historia se dio inicio a un inédito proceso constitucional en el que deberán participar diputados, senadores y la Contraloría General de la República, consignó 24 Horas.
Bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos se creó el decreto 104 de la Constitución Política de Chile, tras lo ocurrido con el general director Rodolgo Stange durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En dicha norma, se establecieron las facultades del Presidente de la República para el nombramiento y salida de los líderes de las Fuerzas Armadas.
El artículo 104 señala que solo el Jefe de Estado tiene la facultad para remover a “Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros (…) y no podrán ser nombrados para un nuevo período y gozarán de inamovilidad en su cargo”.
También se aclara que es el propio Presidente en ejercicio quien tiene la facultad de pedir la remoción de las autoridades antes mencionadas, “mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado (…) antes de completar su respectivo período”.
Debido a lo anterior, este viernes diputados y senadores deben asistir a escuchar dicho mandato para que posteriormente pueda ser ratificado en Contraloría.
Claudio Fuentes, analista político señaló que este proceso “es algo procedimental, una especie de barrera política de informar al Congreso sobre una decisión de esta naturaleza”.
Agregó además que “no es tan razonable que, si en una democracia el Presidente pueda mover a un ministro o alguien de su confianza, no pueda hacer lo mismo con le general director de Carabineros”.
