La mañana de este lunes comenzó el juicio oral en contra de los dos acusados de asesinar a la pequeña Tamara Moya, quien fue víctima de una encerrona junto a su familia.
Se trata de Alan Gallardo Vilches y un menor de edad, quienes fueron formalizados por la Fiscalía Centro Norte por el delito de robo con homicidio.
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Por su parte, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado para Gallardo, mientras que para el menor de edad, 10 años de internación provisoria.
A la salida del juicio, fue el padre de la pequeña, Raúl Moya, quien entregó sus impresiones y pidió las penas máximas para los imputados.
“Es evidente que la maldad con la que esta gente actuó es insólita, inaudita e innecesaria, no necesitaban pegarle un balazo a mi hija si es que realmente se querían llevar el auto”, señaló, según consignó 24 Horas.
En esa misma línea, recalcó que “nosotros estamos súper seguros que los imputados son los autores del homicidio de nuestra hija, junto al que falleció. Tenemos plena confianza que eso se va a demostrar”.
Finalmente, detalló que “es la justicia la que le tiene que cobrar la cuenta a estos infelices. Esperemos les cobre lo que corresponde, no que le den beneficios. Estos tres personajes tenían que haber estado presos el día que mataron a mi hija, pero los tres andaban en la calle”.
Camila Almonacid, mamá de Tamara, sostuvo que “por mí que estuvieran el resto de sus días presos, pero por llevarse por unos meses de edad, van a tener condenas distintas y esperamos tengan la condena máxima que la ley permita hoy en día”.
Detalles del juicio
Según comentó el abogado de la familia, Marcelo Castillo, en el juicio habrá 42 testigos, 23 pruebas materiales y 12 pruebas periciales. Estas incluyen delitos que cometieron antes y después de la muerte de la menor de edad.
Por su parte, según comentó Ricardo Romo, abogado de la Delegación Metropolitana, “el desprecio por la vida en el actuar de estos acusados es tan grande que sobrepasa a una de sus víctimas e incluso no le importó dejar abandonado a su compañero de delito tras haber sido abatido”.
