La familia de Tomás Bravo, niño fallecido en febrero pasado en Lebu, cuestionó al fiscal José Ortiz, por no inhabilitarse en la investigación del crimen del pequeño.

Lo anterior, porque en el 2019 el fiscal ordenó 14 detenciones contra la familia completa del niño, a raíz de un problema con Forestal Arauco.

Según indicó Cooperativa, los hechos se ubican entre el 20 de junio al 8 de agosto de 2019, y forman parte de una batalla legal entre Forestal Arauco y la famiia en cuestión, en razón de la propiedad del predio Caripilún, donde ellos residen.

En ese entonces, Carabineros habría llegado al lugar en reiteradas ocasiones, tras denuncians de robo de madera, luego que la familia decidiera explotar el bosque aledaño.

Según consta en el recurso de amparo tramitado en la Corte de Apelaciones de Concepción y también en la Corte Suprema, y que fue rechazado, “aparte de recurrir al uso de la fuerza e intimidación, cada vez que los guardias de la empresa Arauco han identificado, presuntamente, a integrantes de la familia Escobar en el predio, han formulado más de diez denuncias por este calificativo inventado por un organismo policial para justificar la legalidad de un actuar arbitrario e ilegal, que en la mayoría de los casos ha intimidado con llamadas al fiscal del Ministerio Público de esta localidad de apellido Ortiz, quien según lo indicado por personal de Carabineros a los recurrentes, los autorizó para detener a los integrantes de la familia Escobar e ingresar a su predio para detenerlos, situación que se ha reiterado y continuado en el tiempo”.

Por lo anterior, la familia de Tomás Bravo exige la remoción del caso y cuestiona que el mismo fiscal no se haya inhabilitado desde un comienzo en la investigación. Recordemos que fue Ortiz quien también ordenó la detención del tío abuelo del niño Jorge Escobar.

La bisabuela del niño es quien mantiene la batalla legal con la forestal, pero es su hija, Elisa Martínez, quien la representa luego que la mujer fuera declarada interdicta.

Al respecto, Elisa señaló a Cooperativa que es “demasiado terrible lo que pasó, porque están las pruebas de que él (el fiscal) autorizaba las detenciones de la familia dando a favor de Forestal Arauco, entonces si eso está comprobado con documentos me parece que él jamás debió haber estado detrás de la causa de mi nieto, y no sé cómo él no informó este hecho para que sus superiores supieran y lo inhabilitaran en la causa”.

Vinieron muchas veces Carabineros enviados por el fiscal con personajes de Forestal Arauco a hostigarnos, a parar faena y nunca pudieron. Mucho hostigamiento, días seguidos, no nos dejaban tranquilos y él era el que daba la orden para ello, entonces cuando hemos hablado que está contra la familia, que nos ha parecido muy mal su procedimiento es porque teníamos eso en mente, siempre hemos sabido que él nos ha hostigado y ha estado apoyando a Forestal Arauco”, agregó.

Por su parte, el abogado de Estefanía Gutiérrez -madre de Tomás- Pedro Díaz, confirmó que se solicitó formalmente a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la remoción total de la investigación del caso al fiscal Ortiz, por actuar con sesgo previo.

Cabe señalar que la Fiscalía no se refirió a este antecedente y la única declaración que ha hecho Cartagena -el pasado 14 de abril- cuando fue consultada por el actuar del fiscal Ortiz al detener al tío abuelo del niño sin contar con antecedentes claros, señaló que “esa es una conclusión que en algún momento, como Ministerio Público, deberemos sacar, pero no es el momento. Le aseguro que llegará el momento que nos vamos a pronunciar sobre esto”.

Por último, la ley 19.640 -que regula al Ministerio Público- es clara al señalar los motivos de inhabilidad de los funcionarios dependientes. En específico, la número 12 señala: “Tener el fiscal con algunas de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida objetividad”.