Respaldando el actuar de Carabineros durante las manifestaciones más álgidas del estallido social y rechazando indemnizaciones y disculpas públicas de la policía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) envió sus descargos frente a la demanda presentada por 22 víctimas de daño ocular.

La acción legal que se tramita en el 15° Juzgado Civil de Santiago, exige al Estado de Chile una ccompensación económica para todos los demandantes por un monto que en total de $7.025.565.22. En la demanda se diferencia a las víctimas que perdieron el globo ocular completo y los que perdieron parte importante de la visión, los que recibirían un pago individual por daño moral de $380.000.000 y $340.000.000, respectivamente, informó La Tercera.

Para la parte demandante, el Estado actuó con falta de servicio provocándoles lesiones a los demandantes, debido al “uso abusivo de la fuerza” por parte de personal policial, cuyo actuar también infraccionaría “normas nacionales e internacionales”.

El 7 de enero de 2021, el CDE presentó sus descargos ante esta demanda, en un escrito de 32 páginas, donde de entrada se le pide al tribunal que la acción judicial -patrocinada por Libertades Públicas- sea rechazada con costas, además de considerar “desproporcionados” los montos indemnizatorios.

Asimismo, en el texto se lee una defensa acérrima a Carabineros.”Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto“.

Y aunque admiten que “en algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria”, no es algo generalizado y no tiene que ver con ninguno de los hechos que presentan los 22 denunciantes.

“Aquí no hubo falta de servicio y el uso de la fuerza se adecuó a la normativa atingente de tal forma que los daños supuestamente ocasionados por ese uso se encuentran jurídicamente respaldados”, expresaron.

Además, aseguraron que en los casos de uso desproporcionado, el CDE se ha querellado persiguiendo las responsabilidades penales correspondientes.

Asimismo, el organismo realizó un análisis del contexto en el que se enmarca la demanda, justificando -en cierta medida- que estas lesiones oculares se dieron en un escenario de hechos críticos para la seguridad del país. Si bien destacan el legítimo descontento social, insisten en que ese espacio sirvió para que “se adosaran un conjunto de actos delictuales y de violencia pocas veces visto antes en nuestro país”.

Según el CDE, entre los días 18 y 24 de octubre de 2019, ocurrieron “las manifestaciones más violentas durante lo que se ha denominado estallido social”, bajo las cuales hubo 6.723 eventos registrados en la región Metropolitana, siendo 5.266 alteraciones de orden público que dejaron a 10.029 detenidos en la misma región. “Contrariamente a lo sostenido por los demandantes, no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas, la realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia”, indican.

No se puede probar que Carabineros no respetó protocolos

En el documento también defienden el tipo de herramientas disuasivas utilizada -escopeta antidisturbios y la carabina lanza gases- asegurando que su uso fue proporcional y justificado “hechos de vandalismo y violencia”.

En esa línea, también negaron que se pueda probar que la fuerza policial no respetó protocolos de distancia mínima al disparar municiones.

“Siempre en las manifestaciones violentas y/o agresivas, ingresaban de manera previa los carros lanza aguas y lanza gases. Y previo aquello, mientras la manifestación se desarrollaba aún de forma pacífica, suscitándose hechos aislados de violencia, el personal de Carabineros mantenía contacto constante con los organizadores si habían sido individualizados”, destacaron.

Lo anterior, se contrapone con lo que indica la parte demandante, acusando a la policía de disparar en contra de ellos sin distinguir hechos pacíficos y violentos.

El CDE tampoco está de acuerdo con las exigencias de disculpas públicas por parte de Carabineros a las víctimas de daño ocular, pues la entidad tildó de “improcedente”, la petición de que Carabineros de Chile inserte una declaración, en al menos dos diarios de circulación nacional, ofreciendo disculpas públicas.

“No se condice en forma alguna con una acción de indemnización de perjuicios y carece de todo fundamento legal, tanto es así que no se invoca ninguno en la demanda”, señalaron.