Luego de cuatro años, el Ministerio Público formalizó a una educadora de la residencia del Sename Nido, en Hualpén, región del Bío Bío. Esto, luego que dos niños de 6 y 8 años, aseguraran haber sido víctimas de abusos sexuales reiterados.
En su relato, los menores indican que fueron agredidos sexualmente por adultos que ingresaban al recinto para realizar dicha actividad y que pagaban por ello. Si bien las primeras denuncias fueron hechas en 2017, la Fiscalía decidió archivar la causa.
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“Existen evidencias y comportamientos, los que se denominan hipererotizados. (La niña) hace un dibujo donde se ve una connotación sexual”, detalló en ese entonces la fiscal Marcel Cartagena, según consigna CHV Noticias.
A pesar de la evidencia, aseguraron no haber detectado la intervención de terceros. “No se observa ningún tipo de interacción de un adulto, en relación con ellos”, señaló la persecutora.
Sin embargo, no fue hasta 2020 cuando la Fiscalía de Alta Complejidad comenzó a investigar, entre otros delitos, la explotación sexual comercial al interior de la residencia.
De ese modo, recién el pasado 1 de marzo, la Fiscalía formalizó cargos en contra de una de las educadoras de trato directo que la menor de edad había mencionado en su relato. En este contexto, se estableció un periodo de investigación de cuatro meses.
Asimismo, se presentó el caso de otro menor presuntamente abusado, cuyas primeras alertas aparecieron antes del primer año. Cabe señalar que el niño dio cuenta de lo que había sufrido mediante una carta dirigida a su madre.
“Fue muy doloroso leer eso y ver todo por lo que mi hijo pasó. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de avisarme“, relató la madre del niño, en conversación con el noticiero de CHV.
Tras sufrir estos episodios, el menor de edad fue trasladado a otra residencia del Sename. “Después me dicen que el niño fue abusado nuevamente en el hogar, pero ‘que no me preocupe, esto es normal y pasa en todos los hogares'”, añadió la madre.
El Sename cerró la residencia, y existen sumarios internos en curso para investigar las responsabilidades. La educadora por su parte, quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Cabe señalar que en paralelo, se abrió otra arista sobre eventuales adopciones ilegales, ya que más del 70% de los niños estaban declarados susceptibles de adopción.
