Un estudio del economista de la Pontifica Universidad Católica, Juan Bravo, reveló que más de 74 mil personas en el sistema público recibe un ingreso 20% mayor para el que no está calificado.
Lo anterior, luego que el profesional asegurara que 10,2% de los empleados del sector público tienen sólo estudios de enseñanza media, y no de educación superior como lo exigiría el cargo que ocupan.
“Existe, por un lado, el nivel educativo del trabajador y, por el otro, un nivel de calificación que el empleo requiere en función de la complejidad y rango de las tareas, los cuales se ordenan en 9 categorías”, explicó.
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Por ello, se agruparon en categorías 1, 2 y 3 donde pertenecen los directores, gerentes y administradores; profesionales, científicos e intelectuales; técnicos y profesionales de nivel medio. Además, la mediana calificación en los grupos del 4 al 8 está compuesta por personal de apoyo administrativo; trabajadores de servicios y vendedores; agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; artesanos y operarios de oficios; operadores de máquina y ensambladores. Y en el grupo número 9 están aquellas ocupaciones elementales, según recoge La Tercera.
“Para evaluar si el Estado es eficiente en el uso de los recursos, una parte es la evaluación de los programas públicos, y otra muy importante es la política de contratación de los recursos humanos, ya que el ítem de salarios es muy relevante. Un elemento esencial para el uso adecuado de los recursos públicos es que en los cargos de más responsabilidad estén las personas más idóneas. Las ineficiencias que provoca ese descalce son pagadas por todos los contribuyentes”, explicó Bravo.
A su vez, este hizo énfasis en que la experiencia laborales muchas veces está mejor valorada y ello se suma a las designaciones de cargos. “Como no todos los cargos en el sector público se eligen por sistemas concursables, muchas veces en los cargos de confianza hay espacios para elegir a dedo, y se nombran a personas porque son conocidas aunque no necesariamente tengan los niveles educativos acordes para el puesto”, dijo.
“Hay personas que han generado su capital humano no por la educación formal, sino por la experiencia en el trabajo, han aprendido muchas cosas prácticas que les ha permitido ir ascendiendo y eso no tiene nada que ver con favores políticos”, sostuvo.
Hay un revés
No obstante, esta situación se replica en personas que están sobrecalificadas para algunos empleos, por lo que ejercen tareas que necesitan menos estudios.
De acuerdo a lo explicado por Bravo en 2019, un 21,7% de los empleos de mediana y baja calificación eran ejercidos por trabajadores con educación superior completa, porcentaje que aumenta a 28% en 2020.
“En este caso tenemos trabajadores que, si bien se contabilizan como ocupados, no están en pleno empleo debido a una utilización insuficiente de sus competencias laborales y, por ende, generan un valor agregado menor al que podría lograrse si realizaran un trabajo acorde con su nivel educativo. Esto afecta también significativamente los ingresos que obtienen por su trabajo”, recalcó.
De hecho, estos trabajadores y trabajadoras reciben en promedio un 32,7% menos que sus pares que sí prestaban funciones en cargos acordes con sus estudios, teniendo un sueldo promedio de $1.115.427 mensual versus $750.402 de los primeros.
“Si bien el subempleo es estructural porque no necesariamente la oferta profesional calza con la necesidad del mercado laboral, en períodos de crisis económica esto se exacerba porque la personas con mayor calificación estarán más dispuestas a tomar cualquier empleo para evitar estar desocupado, lo cual es peor porque no genera ingresos”, cerró.
