Este lunes se llevará a cabo la votación del informe final de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados respecto al COVID-19.

Se trata de la instancia creada en junio pasado, que buscaba revisar los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia ha provocado en el país.

La comisión investigadora estará presidida por Jaime Mulet (FRVS), y es integrada por los UDI Álvaro Carter, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia; Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper, de RN; Carolina Marzán (PPD ); Marcela Hernando (PR); Luis Rocafull y Leonardo Soto, del PS; el DC Víctor Torres; y la diputada comunista, Camila Vallejo.

Si bien aún debe ser sometido a votación, el informe ya cuenta con los apoyos de los parlamentarios de oposición, que además son mayoría.

El texto, al que tuvo acceso BioBioChile, apunta a una serie de cuestionamientos referidos a la estrategia para enfrentar el COVID-19, la toma de decisiones de forma tardía, e incluso a una posible infracción a la Constitución del ministro de Salud al evitar entregar información que la instancia le solicitó mediante oficios.

En primer término, el informe indica que “el Gobierno se enfocó de manera primordial en la situación hospitalaria, descuidando gravemente la propagación de la pandemia”, usando como ejemplo las “cuarentenas dinámicas” propuestas por el ahora exministro Mañalich.

En ese sentido, se acusa al Ejecutivo de no haber tomado en cuenta la opinión de expertos. Y si bien algunas propuestas fueron tomadas en cuenta, ya era tarde para evitar mayores consecuencias.

Así también, se cuestiona la falta de medidas respecto a las cifras de contagios y fallecidos.

“En relación al conteo y registro de fallecidos la Comisión concluye que el Presidente de la República Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, la Subsecretaria de Salud Paula Daza y el Subsecretario de Redes Arturo Zúñiga son responsables de la decisión política de comunicar a la ciudadanía una estadística de fallecidos por COVID-19 que subreportaba la cifra real de fallecidos puesto que no se apegó a las recomendaciones de la OMS, ni consideró las normas internacionales de clasificación de enfermedades”, señala el texto.

“Los criterios implementados por la autoridad sanitaria para el registro de fallecidos tuvieron la consecuencia de variar la tasa de letalidad del COVID-19 en Chile y por lo tanto alterar la percepción de la ciudadanía en torno a la mortalidad de la pandemia en el país”, añade.

La tardía respuesta del Gobierno

Respecto a la estrategia para contener la pandemia, la comisión fustiga duramente al Gobierno, al que acusa de equivocar el camino al adoptar una estrategia de inmunidad de rebaño, pese a las recomendaciones de aplicar acciones de Trazabilidad, Testeo y Aislamiento (TTA), lo que finalmente fue adoptado por el Minsal.

En esa línea, se enfatiza en que la trazabilidad, a juicio de los legisladores, “fue virtualmente inexistente desde el principio de la pandemia hasta finales del mes de julio, cuando a pesar de reforzar algunos aspectos, no se logró tampoco cumplir con estándares mínimos para constituirse en una medida preventiva realmente útil”.

“Las consecuencias de no adoptar las medidas preventivas correspondientes por parte del gobierno se tradujeron en la imposibilidad de interrumpir efectivamente la cadena de contagios, que provocó que el virus se expandiera rápidamente a gran parte de la población, aumentando con ello el número de casos graves, y como consecuencia, el número de personas fallecidas”, detalla.

Sobre las medidas socioeconómicas propuestas y adoptadas por el Gobierno, se enfatiza en que una propuesta ajena a La Moneda, como lo fue el retiro del 10% de los fondos previsionales, permitió aminorar, de mejor forma, la caída de ingresos de la población, especialmente de los más vulnerables.

“El gobierno no elaboró, ni menos aplicó, políticas y/o planes para responder a las específicas necesidades de las mujeres, pese a que su situación doméstica y laboral se agravó con la pandemia”, sostiene.

El Presidente y los ministros son responsables

Por lo mismo, concluye que “para esta Comisión, son el Presidente de la República, y los Ministros de Salud en sus respectivos mandatos, los responsables políticos del manejo de la pandemia en Chile, y sus efectos, según lo que se ha concluido hasta acá”.

Por último, la comisión destaca las posibles infracciones en las que pudo haber incurrido el ministro de Salud, al no responder los más de 16 oficios enviados por la comisión investigadora.

“El Ministro de Salud incurrió en infracciones a la Constitución y a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional al no dar respuesta a más de 16 oficios despachados por la Comisión Investigadora, pese a ser reiterados en diversas oportunidades, los cuales requerían información trascendental para el cumplimiento del mandato de esta instancia parlamentaria”, afirma.

Al respecto, el diputado (FRVS) y presidente de la comisión, Jaime Mulet, destacó el trabajo que desarrolló la comisión, que sostuvo cerca de 25 sesiones, en donde se escucharon a las autoridades a nivel nacional, además de las autoridades regionales y especialistas.

“Estas conclusiones son categóricas, son claras. Por ejemplo nosotros creemos que el Gobierno en la primera parte de la pandemia descuidó gravemente la propagación de la pandemia. Habían elementos como para evitar o tomar algunas medidas adicionales”, afirma Mulet.

“Obviamente hubo cosas que se hicieron bien, toda esta lógica de los ventiladores, que todos veían la llegada de aviones, eso está bien, toda la hospitalización. Pero la fase previa, la fase del contagio, el Gobierno se retrasó mucho”, criticó.

En esa línea, apuntó a que “la toma de decisiones por parte del Gobierno careció de la receptividad de ideas por parte científicos, médicos, asociaciones gremiales, muy centralista, el ministro Mañalich particularmente, y poco oído a expertos”.

“Creo que hubo un manejo autoritario, muy vertical, no se integraron sectores importantes que podrían haber ayudado”, opinó el legislador.

“Nosotros creemos que el ministro y el Presidente tienen responsabilidades en esto, pero sobre todo hay que ver cómo se corrigen los errores y cómo enfrentamos una nueva ola, que ojalá se escuche a la comunidad científica, se trabaje más con la atención primaria de salud, se integren equipos multidisciplinarios en cada una de las regiones y no se haga este trabajo tan vertical”, concluyó.