Este 13 de octubre se cumple un año desde que Antonia Barra (21) se quitó la vida, decisión drástica que tomó luego de ser presuntamente violada por Martín Pradenas (28).
Pradenas actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso de Antonia y por otras cinco denuncias de la misma índole, en las que se le atribuyen seis delitos sexuales.
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La lucha que ha liderado la familia de Antonia Barra ha permitido visibilizar no solo otros casos de suicidio femicida, agresión sexual y violencia de género, sino que las falencias del sistema judicial patriarcal que se ejerce en Chile.
Cuestionamientos al Poder Judicial
Un hecho que marcó recientemente el caso de Antonia fue cuando el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, en primera instancia, no decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Pradenas, sino que la de arresto domiciliario total.
El hecho generó críticas, sobre todo por los argumentos que entregó en la audiencia, como la “irreprochable conducta anterior” de Pradenas y que no se podía comprobar la “privación de sentido e incapacidad de oposición” de Antonia al momento del delito.
Gaspar Calderón, abogado defensor, también fue cuestionado por sus argumentos en la formalización. Por ejemplo, dijo que “Martín es un chico interesante, tiene aspecto de actor de cine” y que algunos testimonios indicaban que el día de la presunta violación había “estado muy contenta, alegre, como decía ella, estaba prendida”.
La decisión del tribunal generó mucho revuelo y posteriormente fue la Corte de Apelaciones de Temuco la que decretó la prisión preventiva de Pradenas por constituir “un peligro para la sociedad”, hecho que fue ratificado después por la Corte Suprema.
Perspectiva de género
Como lo mencionamos anteriormente, el caso de Antonia Barra ha permitido visibilizar las falencias en el sistema judicial chileno, siendo una de las grandes deudas la incorporación de la perspectiva de género.
Pero esta sí fue posible incorporarla en la denuncia de la familia de la joven en contra de Martín Pradenas, lo que quedó en evidencia con la decisión de la Corte de Apelaciones y la aplicación del tratado internacional Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belém do Pará.
Este tratado, ratificado en Chile el 24 de octubre de 1996, define la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y busca, precisamente, preservar el derecho de vivir una vida libre de violencia y a respetar la integridad física, psíquica y moral de las mujeres, entre otros objetivos.
La abogada Francisca Millán de AML Defensa de Mujeres explicó a Radio Universidad de Chile que “el Poder Judicial tiene altas falencias en sus razonamientos judiciales en torno a la violencia de género y en específico respecto de los delitos sexuales, respecto de la normalización de la violencia, la subestimación y culpabilización de la declaración de las víctimas, la insuficiencia probatoria desde un punto de vista super sesgado”.
No obstante, Millán rescató lo decretado por la Corte de Apelaciones de Temuco, pero afirmó que las temáticas de género no pueden aplicarse por la movilización de organizaciones internas dentro del sistema, sino que deben incorporarse como una política institucional y transversal.
“Todavía no se ha vuelto una regla general, no se ha vuelto sentido común ni tampoco una práctica generalizada en los Tribunales de Justicia y hacia allá es donde hay que orientar cualquier posibilidad de reforma o de reglamentación (…) Y eso no solamente es una iniciativa institucional o personal, de ciertas agrupaciones como es hoy, tiene que también ser incorporada a nivel legal”, agregó.
En esta línea la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, señaló que si contra Pradenas se pudo incorporar la perspectiva de género, entonces esto es factible “y ya no hay excusas”.
“Es de ahí desde donde las mujeres tenemos que afirmarnos. Si se pudo en una situación mediática que estaba siendo mirada por todo el país, entonces se puede también en aquellas que no están siendo miradas. Y eso si tenemos que tomar lo como un precedente”, añadió.
En tanto, el padre de Antonia, Alejandro Barra, señaló que con el caso de su hija se ha demostrado que actualmente la ley permite tener una perspectiva de género y que es un precedente para el futuro.
“Se han instalado las convenciones internacionales y que estas permiten a los jueces considerar los abusos de género como pruebas vitales para sancionar a los imputados. Eso es lo que rescato de este año, que se ha logrado eso. En el caso de nuestra hija eso se logró y es un precedente para todos los casos que hoy luchan por justicia y los que vienen”, comentó.
Por último, respecto a esta dolorosa fecha, Alejandro expresó que no ha tenido un espacio para el duelo, pues se ha enfocado en buscar justicia para su hija.
“Me he dedicado al 100 por ciento a lograr justicia para mi hija. La familia, con el resultado que se ha obtenido, está más tranquila, cree más en el trabajo que se hace para lograr la justicia de nuestra hija y ha sido un año difícil, muy difícil”, indicó.
