El ministro de Salud, Enrique Paris, solicitó aumentar el plazo fijado por la Corte Suprema para responder a la solicitud realizada por el máximo tribunal del país.
Fue este miércoles que se solicitó al secretario de Estado explicar las razones que sustentan su oposición a entregar información solicitada por la Fiscalía Centro Norte, en el marco de las diligencias tras la querella por las muertes de COVID-19.
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Así las cosas, a través de un escrito de tres páginas, el secretario de Estado detalló que si bien la cartera que preside puede entregar lo requerido, éste necesita de un plazo mayor a las 72 horas entregadas por la Corte Suprema para su preparación.
“Pues si bien los fundamentos son evidentes para este ministro, toda vez que se trata de información asociada a pacientes y cuya divulgación podría poner en riesgo la seguridad de la nación, no se encuentran en condiciones, en razón de la actual sobrecarga del ministerio, de contar con la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de toda la información contenida en tres cuentas de correos solicitados por el Ministerio Público”.
“Máxime -prosigue el documento- si estamos en presencia de una solicitud extensa temporalmente, pues el periodo solicitado por el Ministerio Público es desde el 1 de febrero de 2020″.
En esa línea, Paris insistió en que dado el estado de excepción constitucional, “tres días hábiles, resulta poco tiempo en un contexto de información múltiple, en un periodo de casi nueve meses; y en circunstancias que al estar aún en un contexto de pandemia, se debe elaborar información diariamente, lo cual complejizan aún más la elaboración de lo solicitado”.
La petición
Tal como se informó este miércoles, la Corte Suprema pidió que en el plazo de tres días hábiles, dé cuenta “de manera pormenorizada las razones que sustentan su oposición a la diligencia” que lidera el fiscal regional Xavier Armendáriz.
En específico que se refiera a “de qué manera se afecta la información reservada de los pacientes y la protección de la vida privada y precise de qué manera la diligencia en cuestión pone en riesgo o afecta la seguridad nacional”, argumentos que esgrimió cuando se pidió información y los correos electrónicos del exministro Jaime Mañalich, la subsecretaria Paula Daza e Itziar Linazasoro.
