Polémica ha causado el rechazo por parte de Gobierno a rectificar su participación en el Acuerdo Escazú, un tratado promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2018 luego de cuatro años de negociaciones por 24 países.

Sobre porqué nuestro país no estaría adherido al convenio, la ministra del Medio ambiente, Carolina Schmidt aseguró que “el problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la Justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”.

¿Qué es el Acuerdo Escazú?

En palabras sencillas, según explicó a Página 7 la abogada en Derecho Ambiental y participante de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, lo que busca este acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de información ambiental, participación pública en proceso de tomas de decisiones ambientales y de acceso a la justicia en el mismo ámbito”.

A su vez, Burdiles manifestó que “también tiene como objetivo que se fomenten y fortalezcan las capacidades de los Estados que lo firman y lo rectifican, junto con la cooperación entre ellos para cumplir con las generaciones presentes y futuras para lograr un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible”.

Consultada sobre el principal beneficio que obtendría Chile en caso de rectificar su participación, la abogada sostiene que “las comunidades y las personas tendrían mejor asegurados los derechos de acceso (información) y que el Estado se esforzaría por avanzar en su implementación de manera práctica en aspectos tan relevantes como el acceso a la justicia”.

Lo anterior, puesto que hasta hoy es bastante complejo acceder de manera gratuita a abogados en este ámbito y a las cortes que evalúan los impactos medioambientales en las comunidades. “El acuerdo habla de defensores en Derechos Humanos y asuntos ambientales. En esa materia cada vez vemos que hay más denuncias y amenazas a grupos que ejercen sus derechos de acceso, que se agrupan y defienden el derecho a un ambiente sano”, explica.

¿Qué consecuencias tiene si Chile no se adhiere a Escazú?

En esta línea, Gabriela detalla que el país podría ingresar posteriormente al Acuerdo, pero no tendría la misma injerencia ni toma de decisiones si hoy no rectifica su participación.

“Si es que no firma ahora y decide más adelante en otro Gobierno, tiene que adherirse y ese es el mecanismo internacional que se dio en esta segunda etapa (…) Chile impulsó este tratado y se comprometió en 2018 a seguir en la co-presidencia junto a Costa Rica hasta que esto entre en vigencia, y hasta ahora como no ha firmado, en el fondo dejó una silla vacía en esta entrada en vigencia del acuerdo, perdiendo así su liderazgo en un histórico tratado”, señaló.

Asimismo, expresó que solo faltan dos países que firmen, por lo que habrá un primer grupo que “estará dictando ciertas normas de funcionamiento porque aún hay cosas que definir en el tratado, cómo será el cumplimiento para que se preserve si están o no cumpliendo los Estados”, dijo.

“Básicamente es dejar un liderazgo que había asumido y restarse de esta cooperación, además que después si quiere adherirse al proyecto tendrá que acatar las normas ya establecidas y no va a poder opinar en este momento”, comentó.

Cabe señalar, que el Gobierno podría firmar el Acuerdo hasta el próximo 26 de septiembre, siempre y cuando sea ratificado por al menos 11 de los 22 Estados que originalmente lo promovieron.