Es el año 2017 y Chile es un país próspero que está en su auge económico. Por esto mismo, muchos migrantes llegan a las tierras del fin del mundo con el propósito de forjarse un mejor futuro para ellos y sus familias.
Mai (a quien llamaremos así en la nota por privacidad) es una ciudadana vietnamita de 40 años y una de esas tantas soñadoras, que con un boleto en mano y unas maletas, viajó hasta nuestro país con motivo de trabajo.
La oportunidad casi cayó por arte de magia en la vida de Mai. Aunque en realidad era por relaciones familiares, ya que se enteró gracias a una prima, cuyo marido de nacionalidad china tenía conocidos que buscaban nuevos empleados en una tienda ubicada en la ciudad de Cabildo, en la región de Valparaíso. Una serie de coincidencias perfectas.
El trato era simple, la pareja compuesta por Li Ye y Dongju Wu buscaba a alguien que fuera de Vietnam, porque el ingreso a Chile era más sencillo y se le pagaría de 400 a 500 dólares por un período de prueba, para luego tener un sueldo de 1.000 dólares mensuales.
La oferta era demasiado tentadora para rechazar, así que Mai juntó sus pocos ahorros y pidió dinero prestado a un banco de su país para comprar un pasaje en avión y venir a Chile en calidad de turista.
Antes de viajar a Chile, la mujer habló con quien sería uno de sus nuevos jefes, Li Ye, a través de Facebook. Este le dijo que no se preocupara y que la estaría esperando en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en la región Metropolitana.
Hasta ahí, nuestra historia podría ser la de cualquier migrante. Pero no lo es.
Fue tras llegar a Cabildo y conocer su nuevo lugar de trabajo cuando comenzó su pesadilla, que se extendió por casi tres años.
Los sueños rotos
Cabildo pertenece a una de las tantas comunas de la región de Valparaíso. Ubicada en la provincia de Petorca, es cercana a la comuna de La Ligua y de acuerdo al Censo de 2017, tiene una población total de 19.388 habitantes.
Esto, en comparación a Santiago y Concepción, la convierte en una ciudad “pequeña”.
Ubicado en avenida Humeres 587, el local comercial “Importadora y exportadora MAHEL” la recibió como su nuevo hogar tras llegar el 1 de noviembre de 2017. Día de todos los santos.
Ese día, en vez de ser motivo de felicidad, se transformó en horror para Mai, cuando su otra jefa, Dongju Wu, le dijo que ya no necesitaba una trabajadora en las condiciones que habían pactado inicialmente.
Sin familia, sin conocer el país y sin entender el idioma, Mai tuvo que aceptar las nuevas reglas.
De esta manera, el 2 de noviembre de 2017 comenzó a trabajar de forma “oficial”. Todos los días abría el local por las mañanas, atendía a los clientes que llegaban a comprar, ordenaba la mercadería, la trasladaba desde la bodega, descargaba la mercadería, limpiaba y cerraba el lugar una vez que terminaba el día.
Pero su jornada laboral no finalizaba aquí. Después todo el trabajo en la tienda, Mai tenía que lavar la ropa de sus jefes, cocinarles, hacer el aseo en todos los lugares del local y en las habitaciones.
Así, su horario era desde las 08:00 de la mañana hasta las 21:00 horas, incluso hasta después de la media noche cuando llegaba mercadería nueva y debía ser descargada y trasladada hasta la bodega. Rutina que repetía de lunes a domingo. Sin feriados. Sin días libres
Luego de todo esto, Mai recién podía dormir.
¿Su habitación? la bodega. Esta se encontraba emplazada en la misma tienda comercial, allí dormía sobre una especie de colchón, que realmente se trataba de mercadería que estaba en paquetes sobre el suelo, los cuales cubrió con sábanas y frazadas. El cuarto no estaba completamente cerrado, la ventana consistía solamente en una cortina metálica y el frío traspasaba el lugar.
Fue el 18 de enero de 2018, después de dos meses y medio de su arribo a Chile, que Mai firmó finalmente su contrato de trabajo en español, un idioma que aún no manejaba y menos entendía.
También tuvo que firmar recibos de pago de remuneraciones que aún no recibía, luego que sus empleadores le dijeran que era necesario para renovar su rut en el país.
Ya el 17 de abril de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 y con un hijo de menos de un año, nuevamente le hicieron firmar un documento –ella sin tener conocimiento- ante el Oficial del Registro Civil de Cabildo.
Se trataba de su renuncia, esto bajo la excusa de que le pagarían todo lo ofrecido antes de llegar al país.
Así, sin un trabajo, Mai es dejada en la calle.
A la calle de un día para otro y el inicio de una red de apoyo
Para Alicia (cuyo nombre real también se omitió), quien trabajaba durante temporadas de verano en el local comercial, cada vez que escuchaba que sus jefes gritaban a Mai, pensaba que se debía a un tema cultural. Diferencias en el idioma. Sin embargo, al paso del tiempo notó que tenían un trato de distinto con ella. Eran más controladores.
Fue a ella a quien Mai acudió cuando se vio sin nada luego de ser echada por sus empleadores. Le explicó como pudo lo sucedido, cómo nunca le pagaron lo trabajado y no tenía su documentación. Así, con ayuda de Alicia y transeúntes que se acumularon fuera de la vivienda de la joven, recurrieron a Carabineros para recuperar sus posesiones.
Era el 20 mayo de 2020 y en compañía de funcionarios de Carabineros y su amiga, Mai volvió a su ex lugar de trabajo a recuperar sus pertenencias.
Ahí Dongju Wu, su exempleadora, le hizo entrega de su documentación que sacó desde detrás del mostrador en una bolsa plástica. Después de esto, Mai subió sola hasta el segundo piso para a buscar sus cosas, que estaban dentro de bolsas de basura, mientras los efectivos policiales, su amiga y los empleadores, se encontraban en el primer piso.
Tras esto y luego de que Carabineros y la Municipalidad de Cabildo tomaran conocimiento de su situación, personal de la Brigada de Trata de Personas Metropolitana comenzó las investigaciones pertinentes, tras denunciarse el hecho a Fiscalía.
La denuncia e investigación
Así, el 21 de julio se procedió a la formalización tras la detención de Li Ye y Dongju Wu, siendo imputados por el delito de “trata de personas para trabajos forzados y otros”, quedando con prisión preventiva.
Con la investigación se dio a conocer que a Mai nunca le dieron un sueldo y de acuerdo a la declaración de la víctima, sus jefes en el momento le indicaron que lo harían sólo después de tres años. Además, tenía prohibido salir del local a menos que fuera para ir a comprar, cuando los imputados lo solicitaban. Al llegar al país, se le retuvo su documentación y sólo se le entregó cuando por motivos de su embarazo, debía ir a realizarse los controles y posterior parto, trabajando hasta el día anterior a dar a luz y retornando a sus labores después de una semana.
Así y con un recién nacido, debía realizar las mismas funciones, además de cuidar a su hijo el que dormía en la misma bodega que ella y en las mismas condiciones, sin tener pre o postnatal.
Posterior a la audiencia de control de detención y formalización realizada en el Juzgado de Garantía de La Ligua, la defensa de los imputados Li Ye y Dongju Wu, presentó recurso de apelación respecto a la resolución que decretó la prisión preventiva.
El recurso fue visto ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde en una audiencia integrada por los ministros Raul Mera, María del Rosario Lavín, y Jaqueline Nash, se decidió por dos votos a favor y uno en contra, reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva, por la de arresto domiciliario total para los imputados. Señalando en aquella oportunidad, que si bien se reunían los requisitos para decretar la prisión preventiva, respecto a la letra a del artículo 140 del Código Procesal Penal, no se reunían con la intensidad suficiente.
“Abogando por enfoque de Derechos Humanos en la investigación”
Desde la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) de Valparaíso, su representante Paulina Canepa, señaló que “nuestra posición es que se pueda seguir el curso de la investigación y que la Justicia haga lo que corresponde y se pueda tener un enfoque de Derechos Humanos en la investigación”.
“No nos deja de llamar la atención de que justamente el fallo haya tenido lugar el Día Mundial contra la Trata de Personas”, afirmó, agregando que “la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha llamado a los Estados miembros de la OEA a adoptar con enfoque de Derechos Humanos y combatir la trata de personas con medidas de prevención, de protección hacia las víctimas y sancionar a los responsables”, por lo que su posición es que Chile cumpla la normativa internacional que adoptó.
La representación de Mai fue tomada por la clínica judicial de la Universidad de Valparaíso en conjunto con el Estudio jurídico Contreras y Asociados, quienes aceptaron el caso desde sus inicios, presentando una nueva querella el 28 de agosto, la que fue aceptada el día 1 de septiembre.
Al respecto, el abogado colaborador de la entidad, Manuel Contreras, indicó que tras conocer el fallo de la Corte de Apelaciones, decidieron no solicitar un cambio en la medida cautelar tras considerar que lo definido permitía proteger a la víctima, ya que no tendría contacto con los imputados, considerando además, que el arresto domiciliario total es una de las medidas cautelares más gravosas que establece nuestro ordenamiento jurídico.
Él, luego de conocer el caso, decidió brindarle apoyo a la víctima por lo que recurrió a su anterior casa de estudios para asumir la parte querellante.
Además, el abogado es quien tiene tiene mayor contacto con la víctima y según contó a BioBioChile, actualmente Mai y su hijo -que en julio cumplió un año- se encuentran viviendo en un departamento en la comuna de Cabildo y cuenta con el apoyo del municipio, de la comunidad y Centro de Apoyo de Víctima.
“La razón por la que no aceptó el programa de apoyo, es porque significaba que debía trasladarse a Santiago”, y dado el contexto actual y el número de contagios en la capital del país, la mujer consideró que era mejor permanecer en Cabildo, detalló Contreras.
En la investigación se dio a conocer además el local comercial donde trabajó la víctima, contaba con visitas desde la Inspección del Trabajo realizó fiscalizaciones en el lugar, encontrando:
– “No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la firma a la hora de entrada y salida, respecto del trabajador XXXX, desde el 08.MAR.019 al 30.ABR.020. Además, por tener borrones y enmendaduras el día
06.JUN.019, el 08.AGO.019 respecto a doña Mai.”
– “No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la o las AFP correspondientes por los periodos marzo de 2019 a abril 2020, respecto del trabajador, don XXXX.”
-“No declarar oportunamente las cotizaciones previsionales en la sociedad administradora del seguro de cesantía, respecto del trabajador XXXX, desde marzo de 2019 a abril 2020.
– “No pagar las remuneraciones consistentes en sueldo base con la periodicidad estipulada en el contrato, respecto de los trabajadores, doña Mai, desde julio de 2019 a abril 2020 y a don XXXX, desde marzo de 2018 a abril de 2020.”
– “No actualizar en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año, el aumento de remuneración derivado del reajuste legal, de acuerdo al sueldo mínimo, año 2020, respecto de la trabajadora, Mai.”
– “No otorgar feriado anual a la trabajadora, doña Mai, quien tiene más de un año de servicio para el empleador, correspondiente a los años 2019 y 2020.”
En tanto, en otro informe se señala lo siguiente:
“Entrevista a los trabajadores; vendedoras señalan estar con todo al día, sin problemas. Una de ellas es la trabajadora que interpone constancia en Inspección del Trabajo y solicita la presente fiscalización, sin identificar sus datos en denuncia, señala que sus colegas la acosan, al igual que la empleadora y existe una trabajadora sin contrato de trabajo, de nacionalidad vietnamita“.
“Argumentos de la empleadora; respecto a la informalidad laboral; no escriturar contrato y no entregar copia y no llevar registro de asistencia, señaló que existía una trabajadora vietnamita, la cual residía en el local, quien tenía un bebé. La fiscalizadora observó a la mujer vietnamita aludida en una cocina dándole almuerzo a su bebé. Al ser consultada, manifestó estar con posnatal, residir en el local y ser familiar de los dueños. En cuanto a la empleadora, exhibió el contrato de trabajo de la ciudadana vietnamita.”
Trata de personas en el país
En casos como los que tuvo que vivir Mai, actúa la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP), del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que permite contextualizar territorialmente el Plan de Acción contra la Trata de Personas. Estas mesas están a cargo de un punto focal designado por el Intendente y que, en el caso de la región de Valparaíso, recae sobre el seremi de Justicia y Derechos Humanos, José Tomás Bartolucci.
Se trata de una comisión asesora de carácter permanente e intersectorial, cuya función es coordinar el Plan Nacional contra la Trata de Personas, que busca visibilizar este delito y distinguirlo con claridad de otros afines, con un fuerte énfasis en la capacitación de las y los funcionarios públicos involucrados en su detección y abordaje.
Además, tiene como fin realizar acciones que permitan favorecer que la ciudadanía conozca las características de este delito y pueda contribuir a denunciar oportunamente. También promueve la coordinación para la protección y asistencia de las víctimas, prestando especial atención en las mujeres y los niños, así como en el respeto pleno de los Derechos Humanos.
Las prestaciones pueden ser el alojamiento, regularización migratoria, reinserción laboral, social o educacional, retorno asistido, orientación y representación judicial, asistencia psicológica y atención de salud. Con la seremi de la Mujer y Equidad de Género, y Sernameg, se activan protocolos para definir la necesidad de derivación de casos y atención especializada.
Por eso, desde la Seremi de Justicia de Valparaíso se indicó que en este caso se activó la red intersectorial y, particularmente, la red local. La municipalidad ha asumido diversas prestaciones y desde la mesa, particularmente desde el Centro de Apoyo a Víctimas de Delito (CAVD), “se activaron diversas formas de apoyo, que deben ser mantenidas en reserva dado la gravedad del hecho, pero, particularmente, se está tramitando su regularización migratoria”.
Luego de la promulgación de la Ley N°20.507, que tipificó el delito de trata de personas, desde el año 2011 al 31 de diciembre de 2019, han sido formalizadas 44 procesos judiciales por el delito de trata de personas, que comprenden un total de 267 víctimas.
Así, en 2011 fueron 92 las víctimas de este delito, la que es hasta la fecha la cifra más alta. En tanto, en 2019 de reportó a 37 personas que sufrieron de este tipo de hechos.
La mayoría de los procesos judiciales corresponde a trata sexual y con un mayor número en la región Metropolitana.
En tanto, se ha dado con 160 víctimas de trata laboral (representan el 60%) y 107 víctimas de trata sexual (representan el 40%).
En el período 2011 – 2019 se registraron 30 personas condenadas por el delito de trata de personas, correspondiente a 18 sentencias condenatorias. Las principales nacionalidades, corresponden a chilena (30%), ecuatoriana (26%) y boliviana (16%).
¿Cuáles son los canales denunciar este tipo de situaciones?
Brigada Investigadora contra la Trata de Personas BRITRAP-PDI
Fono: +562 2708 1043OS-9 Carabineros
Fono: +562 9222 1070Ministerio Público
Fono: 600 333 000Denuncia Seguro (Call center de denuncia anónima)
Fono: 600 400 01 01
