La Superintendencia de Educación Superior dio a conocer los resultados del plan de fiscalización que realizó a 45 instituciones, respecto a la entrega del servicio educativo durante la pandemia, tras el cambio que significó pasar del modo presencial al remoto.
Según el organismo, un 78% de los planteles cumple los mínimos exigidos, mientras que 10 instituciones no los alcanzaron.
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La inspección contempló a 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica, organismos que fueron seleccionados según el cumplimiento de ciertos criterios fijados por la entidad fiscalizadora.
Estos se componían de un 20% en el envío oportuno de información, respecto de las medidas implementadas para dar continuidad al servicio académico durante la pandemia. Mientras que el 80% restante se determinó sobre la gestión de las instituciones para resolver los conflictos internos, considerando los reclamos y denuncias realizadas ante el propio organismo, como también el Servicio Nacional del Consumidor.
De las 45 instituciones fiscalizadas, 35 lograron superar el mínimo establecido en el plan de la superintendencia, los que representan un 78% de los planteles analizados. Todos ellos implementaron medidas en el ámbito de la gestión académica y administrativa, para el tránsito de las clases presenciales a una modalidad a distancia.
Dichas cifras fueron valoradas por el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, asegurando que los planteles que superaron este mínimo estarían entregando una calidad equivalente a la que se impartía antes de la pandemia.
En tanto, otras 10 instituciones -que no fueron especificadas en el informe- no lograron superar el mínimo establecido por la superintendencia de Educación Superior, es decir, un 22,2% de los planteles fiscalizados, afectando a 8 mil 20 estudiantes.
En cuanto a las 10 instituciones que no alcanzaron a cumplir con el piso mínimo exigido, 5 de ellas –3 CFT y 2 IP- se encuentran en el rango entre un 50% y un 80% de logro, por lo que deberán adoptar medidas en el corto plazo para superar las brechas de incumplimiento.
En el caso de las 5 instituciones restantes –3 CFT y 2 IP- al no acreditar al menos un 50% de las dimensiones establecidas, se les aplicará un procedimiento sancionatorio, el cual podría terminar en multas de 10 mil UTM, poco más de 500 millones de pesos.
