La tarde de este viernes se conoció la renuncia de la presidenta del directorio de Enap, Loreto Silva Rojas, tras el dictamen de Contraloría donde se cuestiona sus vínculos con abogados de Hyundai.

“Informo a usted en carácter de hecho esencial que con esta fecha se ha recibido la renuncia a la Presidencia del Directorio de la Sociedad, la señora María (Loreto) Silva Rojas”, dice parte de la carta enviada al presidente de la Comisión por el Mercado Financiero.

A través de un comunicado interno, Loreto Silva notificó la decisiones a los trabajadores de la empresa estatal, donde agradeció la labor realizada en conjunto con los miembros del directorio, los representantes de los trabajadores, al gerente general y a los colabores.

No quiero embarcar a Enap en una nueva contingencia política, como consecuencia de la tramitación de un proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios, para prohibir que ejerzan el cargo de director de empresas del Estado a quienes sean socios de estudios jurídicos”, explicó.

“No es justo ni conveniente distraer los esfuerzos de Enap en lo realmente importante, que es asegurar continuidad de servicios en tiempos de pandemia y continuar en la senda de transformación y modernización que hemos iniciado para darle viabilidad y permitirle cumplir con éxito el rol que Chile ha encomendado”.

El diputado Leonidas Romero reaccionó a la noticia, indicando que “la lucha contra la corrupción era caiga quien caiga y la Contraloría me ha dado la razón”.

La polémica

La Contraloría emitió un dictamen cuestionando a María Loreto Silva por los vínculos y cruces antes mencionados.

En el documento se indica que a sabiendas que el bufete donde es socia, Silva asumió la titularidad de la ENAP, pese a que la Ley de Bases de la Administración del Estado establece al menos una inhabilidad ética.

“(…) conforme a la información que se ha tenido a la vista, doña María Loreto Silva Rojas, aparece vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada, a través de Asesorías MLSR SPA, como también sucede que don Jorge Bofill García (hijo) quien se relaciona con aquella con la sociedad, por medio de Asesorías e Inversiones BG”, agrega el documento.

El hecho, detalla la entidad fiscalizadora, “podría conducir al absurdo de que el funcionario se abstenga de patrocinar tales causas y eventualmente reciba utilidades provenientes de la sociedad en la cual participa”.

En otras palabras, se produce “una situación de elusión de la ley”. Sin embargo, a renglón seguido, reconoce que existe un vacío legal que va más allá de la ley que no obliga de manera expresa a evitar este tipo de conflictos, por lo que recomienda que sea “remediado por la vía legislativa”.

La entidad revisora requirió información a Silva, quien respondió que no existen “inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio del cargo de directora de la ENAP”.